DESDE EL COLECTIVO DE APOYO A MUJERES PRESAS EN ARAGÓN (C.A.M.P.A.), QUEREMOS MOSTRAR NUESTRO MÁXIMO APOYO A LA MUJER AGREDIDA EN AÍNSA-SOBRARBE, ASÍ COMO INVITAR A REFLEXIONAR SOBRE EL SISTEMA JUDICIAL PATRIARCAL DESDE UNA BREVE PERO PROFUNDA VISIÓN CRÍTICA

Una vez más nos volvemos a encontrar un caso de violencia machista en el que se pone el foco en la re-victimización de la persona agredida. La única herramienta que nos ofrece el sistema judicial para solventar los problemas que denunciamos desde el transfeminismo, tales como (violencias, agresiones y todo tipo de discriminaciones) es ACUDIR A LA VÍA PENAL. Esto supone un proceso en el que en ningún momento se tienen en cuenta los cuidados y reparación de la persona agredida, y que lejos de ello, pone en duda una y otra vez la veracidad su testimonio. Como tal, supone un proceso doloroso y traumático para la mayoría de las mujeres, donde somos humilladas, cuestionadas y re-victimizadas. En ningún momento se trabaja la raíz del problema ni sus causas, ni como sujetos agredidos se nos pone en el centro.

Es importante tener en cuenta que aunque al sistema judicial penal se le introduzca perspectiva de género, vamos a caer en asumir unas leyes que han sido creadas desde el actual sistema racista, clasista y patriarcal. Deberíamos de tener claro que este sistema nunca nos va a CUIDAR, NI A REPARAR, NI A HACERNOS SENTIR MÁS SEGURAS. Todo lo contrario: nos infantiliza, nos victimiza y nos cuestiona. Es el Estado el que toma la responsabilidad de castigarnos como la solución a los diferentes conflictos que surgen entre las personas y nos despoja de la posibilidad de gestionar los conflictos entre nosotras y como nosotras querríamos.

Las soluciones que se proponen desde el Estado pasan siempre por el castigo en sus diferentes formas y cuyo máximo exponente es LA CÁRCEL. Se trata de un sistema violento que sólo genera más violencia, ya que posee una estructura basada en la opresión, la dominación y la jerarquización de la institución penitenciaria sobre las persona presas, sobre sus mentes y cuerpos, con unos efectos devastadores para ellas, y muchas veces irreversibles. El sistema penitenciario reproduce y legitima las desigualdades estructurales sobre las que se asienta. El principal efecto negativo del punitivismo es que nunca parte de un análisis de las causas de los problemas sociales, al considerar que los delitos son exclusivamente responsabilidad de las personas que los cometen. Como solución estas personas son apartadas de la sociedad, pensando que así el problema desaparece, aunque sabemos que se trata de un “parche temporal”.

La Institución Penitenciaria no tiene por objeto el tratamiento de los agresores para que aquellas conductas de dominación, violencia y agresión no se vuelvan a cometer, sino que inculcan el miedo a ser castigado de nuevo y volver a la cárcel; y ésta, por su esencia y sus dinámicas (ya mencionadas algunas de ellas) está bien lejos de ser un lugar idóneo para este aprendizaje. Este trabajo, independiente del sistema penal y penitenciario y sí de carácter social, debería ir enfocado en crear conciencia de que esas actitudes son impermisibles porque no respetan la integridad, física y psicológica, de las personas y provocan un enorme daño.

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PRISIONES BLINDADAS, PERSONAS AISLADAS

Las asociaciones firmantes denunciamos públicamente y mostramos nuestra preocupación con las últimas medidas aprobadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

El pasado 2 de febrero mediante una nota de prensa titulada, “INSTITUCIONES PENITENCIARIAS RECOMIENDA BLINDAR LAS PRISIONES CONTRA LA COVID-19”, anunció que había remitido escritos a las 71 cárceles que dependen de ella, donde señalaba NUEVAS RECOMENDACIONES para frenar la expansión del coronavirus entre personas presas y trabajadoras. Se puede consultar la nota de prensa aquí:  https://www.iipp.es/es/gabinete-de-prensa/notas-de-prensa?p_p_id=genericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_genericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu_idArticle=3&_genericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu_idPagination=0&_genericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu_page=%2Fnew.jsp

Estas nuevas recomendaciones consisten, entre otras, en la suspensión de las comunicaciones orales, que son las  comunicaciones por locutorios que pueden recibir las personas presas semanalmente de sus amigxs y familiares.

Apenas unos días más tarde nos encontramos con este panorama en las cárceles dependientes del Ministerio del Interior:

*Los datos de la tabla son del 4/02/2021, y se puede consultar aquí: https://www.institucionpenitenciaria.es/es/gabinete-de-prensa/notas-de-prensa?p_p_id=genericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_genericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu_idArticle=1&_genericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu_idPagination=0&_genericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu_page=%2Fnew.jsp

Quienes entramos en las cárceles, somos conscientes de lo importante que es el CONTACTO con familiares y amigxs para las personas presas.

Miles de personas llevan casi un año sin poder tocar a sus parejas, amigxs y familiares y viceversa. Prácticamente desde el mes de marzo se suspendieron las comunicaciones especiales, es decir,  todos los vis a vis íntimos y familiares, con alguna tímida reanudación que en seguida llegó a suprimirse nuevamente.

Las comunicaciones orales, que no quiere decir otra cosa que comunicaciones mediante cristales en locutorios, era el único contacto cercano a lo físico que les quedaba.

Desde el inicio de la pandemia y de las restricciones en las comunicaciones, Instituciones Penitenciarias ofrecía “a cambio” un mayor tiempo para las llamadas telefónicas (pagando, claro) y un nuevo sistema de videollamdas al objeto de sustituir este contacto.

Pues bien, Instituciones Penitenciarias informó -como dato muy positivo- que de marzo a mayo se habían realizado 54.000 videollamadas. Pero si se divide ese número de llamadas entre el número de presos y presas (descontando las de tercer grado), que son 33.500, la media resultante es de un 1,6 por persona presa. Es decir, una videollamada y media en dos meses.

Además, a pesar de que las limitaciones en las comunicaciones se han extendido en el tiempo la utilización de las videollamadas como forma de suplir los contactos eliminados no se han mantenido en el tiempo para todas las personas presas y mucho menos las han ampliado. En este momento, sin que se haya decretado un confinamiento general, como en los meses de marzo a mayo, se vuelve a aplicar una medida tan drástica como la

suspensión de las comunicaciones, incluso por locutorios, hasta el próximo 18 de febrero.

De un plumazo y con el argumento de BLINDAR LAS PRISIONES, como si de un BUNQUER se tratase, se justifica una medida tan cruel y poco humana como esta.

El derecho a comunicar viene garantizado en la CE no sólo como expresión el art. 18.3, sino también y primordialmente del art. 25.2 CE pues este precepto constituye la norma específica aplicable a derechos fundamentales de las personas presas. Este derecho tiene una incidencia en el desarrollo de la personalidad de las personas presas y adquiere, por lo tanto, una gran importancia para el cumplimiento de las penas privativas de libertad. Gracias a las comunicaciones las personas presas no quedan reducidas únicamente al mundo carcelario y se les permite relacionarse con el exterior.

No olvidemos además que desde el inicio de ésta gestión numerosas asociaciones, y también diversos organismos internacionales, hemos venido exigiendo a la SGIP la adopción de medidas tendentes a la excarcelación de personas presas como mejor forma, y más respetuosa con los derechos de las personas presas, para hacer frente a la covid19 dentro de las cárceles. La no implementación de medidas en este sentido está conllevando la adopción de medidas absolutamente restrictivas y perjudiciales para las personas presas como son las que ahora denunciamos.

Y nosotras nos preguntamos, ¿qué riesgo real de contagio suponen las comunicaciones mediante cristales en los que en ningún momento hay un contacto directo entre las personas que van a visitar y las personas presas? ¿Qué riesgo real de contagio suponen las comunicaciones vis a vis en las que se permita un contacto directo entre las personas que van a visitar y las personas presas si se toman las mismas medidas preventivas que se han impuesto en la calle?

Funcionarixs entran y salen diariamente a trabajar en las cárceles de todo el Estado. Y la Administración puede y debe adoptar todas las medidas para evitar el contagio entre el personal funcionario y las personas privadas de libertad.

Sin embargo, adoptar una medida tan restrictiva como la suspensión de las comunicaciones, incluso por locutorios, supone un ataque directo y brutal contra los derechos de las personas presas, incidiendo directamente en la salud mental de estas personas, así como dificultando su reinserción, en oposición con el mandato constitucional del artículo 25.2.

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La cárcel dentro de la cárcel

Las condiciones de vida en prisión nunca han sido y no pueden ser saludables. Y no solamente por la insuficiente atención médica: el encierro prolongado daña profundamente la psique de las personas. La ruptura de los vínculos con otras personas y el estigma social son consecuencias muchas veces irreversibles del encierro. Pasar una temporada preso o presa tiene también consecuencias físicas, además de las psicológicas: entumecimiento muscular, pérdida de visión, olfato y oído a largo plazo, son solo algunas de las secuelas físicas que sufren las personas después de pasar una temporada en la cárcel. Todo ello se agrava de forma muy especial para las casi mil personas presas que cumplen condena en régimen de aislamiento penitenciario, más aquellas que sufren el aislamiento como limitación regimental por múltiples motivos: sanciones, medidas coercitivas, etc.

El régimen de aislamiento penitenciario implica una limitación de las salidas al patio (entre 2 y 4 h al día, o hasta 6 h en Catalunya, que tiene competencia en materia de ejecución penitenciaria, aunque este límite no siempre se cumple) limitación de los contactos con otras personas presas, cacheos y registros diarios, cambios continuos de celda, limitación de los objetos permitidos en la celda, comidas en solitario, restricción del contacto con los funcionarios, negación de los permisos de salida, restricción de las comunicaciones con personas del exterior (limitación a dos cartas semanales), negación o limitación de actividades culturales, deportivas y espirituales. La falta de contacto humano y de actividad se traducen en un perjuicio serio sobre la salud física y mental de quienes lo sufren, cuando no acaba directa y definitivamente con sus vidas. Además, se trata de espacios donde en muchos casos se favorece que se den abusos por parte de funcionarios. Evidentemente, resulta inviable así pensar en la educación o reeducación de las personas presas.

Además, el régimen de aislamiento penitenciario se aplica de manera habitual en contra de la legislación que lo regula, y vulnerando siempre los derechos de las personas sobre las que se aplica según se recogen en los tratados internacionales. Se trata de restricciones de derechos que se encuentran reguladas en instrucciones, circulares y órdenes de servicio. El régimen de aislamiento penitenciario afecta a las personas clasificadas en primer grado que cumplen su condena en módulos de régimen cerrado y a aquellas encerradas en departamentos especiales, así como a muchas de las personas clasificadas dentro de los grupos FIES. También se utiliza como sanción para faltas muy graves, lo que lo convierte en la cárcel dentro de la cárcel. La prohibición expresa de que una sanción de aislamiento dure más de 14 días se incumple de manera arbitraria en las cárceles del estado pese a las constantes recomendaciones y denuncias de organismos tanto estatales como internacionales.

Por todo ello, el aislamiento penitenciario implica un trato cruel, inhumano y degradante hacia las personas, y constituye en sí mismo una forma de tortura. Las asociaciones y colectivos firmantes consideramos en consecuencia que es imprescindible acabar con el régimen de aislamiento. En estos momentos en los que más que nunca, las personas presas están abandonadas y las plazas de personal sanitario siguen sin cubrirse (problema que en Catalunya existe de una manera mucho menor en comparación con las demás comunidades autónomas), es preciso avanzar hacia la abolición del aislamiento penitenciario.

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MÁS RESTRICCIONES EN LAS CÁRCELES CON LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA: LAS PERSONAS PRESAS SE QUEDAN SIN VISITAS DE NUEVO

El día 27 de octubre hemos tenido conocimiento de que al menos en la cárcel de Zuera, aún teniendo cita previa para visitar por locutorios ( a través de cristales) a tu familiar/amigx, NO SE CONSIDERA UN DESPLAZAMIENTO JUSTIFICADO, lo que podría acarrear una sanción como consecuencia de los controles policiales de movilidad por todo Aragón derivados de los confinamientos perimetrales.


El pasado domingo se publicó en el BOE el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma en todo el territorio. Una de sus disposiciones contempla la facultad de las comunidades autónomas de limitar la entrada y salida de sus territorios, es decir, el cierre perimetral de todo o parte de su territorio.


Desde las 00h del 27 de octubre todo Aragón se encuentra confinada de forma perimetral al menos, hasta el día 9 de noviembre: se restringe la libre entrada y salida de personas. Está permitida la circulación dentro de Aragón salvo con los municipios que ya estaban confinados perimetralmente: Zaragoza, Huesca y Teruel.

Esto supone que la gran mayoría de las personas presas en Zuera no van a tener visitas y hasta el momento ni siquiera se ha informado a familiares ni amigxs.
Nos parece indignante que las personas presas se vean privadas de tener mínimo contacto con familiares y amigxs a través de locutorio, por el momento de manera indefinida y sin ofrecer alternativa alguna. Aunque esto no nos extraña, ya que desgraciadamente en las prisiones del Estado español, se toma por costumbre ocultar e ignorar las necesidades de las personas presas, en este caso afectivas y de contacto con el exterior. Así pues, en vez de garantizar unas visitas seguras tanto para las personas presas como para las visitas, se apela a la responsabilidad individual con riesgo de sanción y ni siquiera se plantea la posibilidad de incluir este tipo de desplazamiento como uno de los justificados para esta nueva movilidad restringida.

Los vis a vis continúan suspendidos y si se suprimen las visitas mediante locutorios, las personas presas quedarán absolutamente aisladas. Queremos recordar que las visitas mediante locutorios se realizan a través de cristales, cumpliendo por lo tanto con todas las medidas de seguridad al no poder existir contacto alguno entre visitante y persona presa.

Por todo esto, exigimos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, perteneciente al Ministerio del Interior, y responsable en último término al Gobierno central y Gobiernos autonómicos, que:

  1. Incluya inmediatamente las comunicaciones por locutorios a personas presas como motivo de desplazamiento justificado ante las nuevas restricciones de movilidad, garantizando la seguridad y salud de todas las personas, tomando todas las medidas de seguridad, higiene y desinfección que sean necesarias.
  2. Libertad para todas las personas presas con enfermedades graves, tanto físicas como mentales, como se viene exigiendo en circunstancias habituales y que esta pandemia está agravando considerablemente, garantizando una salida con unos recursos mínimos REALES de alojamiento y manutención.
  3. Adelanto de los Terceros Grados y Libertad Condicional a todas las personas cercanas a acceder a los mismos (menos de 1 año), igual que en la anterior, garantizando una salida con unos recursos mínimos REALES de alojamiento y manutención.

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NO PODRÉIS SILENCIAR QUE EN LAS CÁRCELES SE TORTURA

Campaña: #VocesContraLaTortura

“No podréis silenciar que en las cárceles se tortura”

En las cárceles del Estado español se tortura, se maltrata y se producen muertes por sobredosis, suicidios, desatención médica o agresiones.

Esta afirmación ha sido constatada por diferentes instituciones a nivel estatal e internacional como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT)1 , el Defensor del Pueblo -que en sus últimos informes alerta sobre los casos de suicidios dentro de la cárcel2– o las condenas por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al Estado español3.

Se trata de una realidad que está siendo documentada por distintos colectivos e individualidades que acompañan y visitan a personas presas con el objetivo de hacer de enlace entre instituciones privativas de libertad (cárceles, CIEs o comisarías) y la sociedad. Siempre que ellas quieran se denuncia cualquier situación de malos tratos y torturas: judicialmente, comunicándolo a las instituciones pertinentes o haciendo públicos sus casos.

Sin embargo, al mismo tiempo que la tortura dentro de espacios privativos de libertad está muy lejos de desaparecer, en los últimos años están creciendo las denuncias y querellas contra quienes defienden los derechos de las personas privadas de libertad. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal de Instituciones Penitenciarias y sindicatos de funcionarios de prisiones están tratando de acallar a quienes tratan de visibilizar las distintas realidades que sufren muchas personas bajo custodia.

Esta situación se cristaliza en ejemplos como los procedimientos judiciales penales contra Iñaki Rivera (Universidad UAB y Director SIRECOVI y Observatori DDHH) y Lorena Ruiz (Asociación Libre Abogadas Madrid), quienes han recibido querellas por el mero hecho de denunciar públicamente que en el Estado español se producen torturas. De la misma manera que Idrissa Gueyé (presidente de la asociación de inmigrantes senegaleses de Aragón) que tras presentar un dossier con testimonios de víctimas de abusos policiales ha sido denunciado por injurias y calumnias. Además, 47 personas vascas, entre las que se encuentran familiares, abogadas y médicas, fueron condenadas el pasado mes de septiembre por la Audiencia Nacional por prestar su apoyo a presos y presas vascos así como por denunciar situaciones de tortura dentro de prisión.

Creemos que estamos ante una serie de ataques frontales hacia la dignidad de las personas presas mediante un intento de silenciar y criminalizar las redes de solidaridad y de denuncia pública en casos de torturas y malos tratos en los centros de privación de libertad.

Sostenemos que los derechos humanos son algo intrínsecoatodaslaspersonas, sea cual sea su situación, y quienes firmamos este comunicado manifestamos nuestra firme decisión de continuar defendiéndolos.

No nos van a disuadir más querellas ni denuncias, con ellas no conseguirán que dejemos de visitar y acompañar a las personas bajo custodia. Siempre que ellas nos lo soliciten, seguiremos denunciando todas aquellas situaciones y conductas que ataquen y vulneren sus derechos humanos.

Por ello, queremos también mostrar nuestro total apoyo a las personas que en este momento están siendo sometidas a procesos judiciales por defender los derechos de personas presas.

Porque en las cárceles se tortura, se maltrata, se producen muertes por sobredosis, suicidios, desatención médica o agresiones.

COMUNICADO FIRMADO POR:

  • AISA (Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón)
  • ALAZ (Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza)
  • ALTSASUKO GURASOK
  • APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía)
  • C.A.M.P.A. (Colectivo apoyo mujeres presas en Aragón)
  • ETXERAT
  • GRUPO DE DERECHOS CIVILES 15M ZARAGOZA
  • IRÍDIA (Centre per la defensa dels Derts Humans)
  • MARCHA CONTRA LA MACROCÁRCEL DE ZUERA
  • OSPDH (Observatori del sistema penal i els Drets Humans)
  • SALHAKETA NAFARROA (Asociación de Apoyo a personas presas, ex-presas y sus familiares)
  • SARE HERRITARRA

1 En el informe emitido en el año 2017 se puede leer que “en las oficinas de los inspectores utilizadas para el interrogatorio de sospechosos en la comisaría de la Policía Nacional de la calle Leganitos, Madrid, la delegación del CPT encontró varios objetos tales como palos, bates de béisbol, un látigo y una cuerda/soga”. El informe completo se encuentra disponible en este enlace.

2 Informe disponible en este enlace.

3 Una de las últimas condenas por parte del TEDH ha sido en el caso Portu Juanenea y Sarasola Yarzabal. Información disponible en este enlace

Si tú también quieres defender los derechos de las personas bajo
custodia y apoyar a quienes dan voz a las situaciones de tortura y
maltrato en centros de privación de libertad. Hazte una foto o vídeo
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