Organizaciones sociales solicitan al Ministerio del Interior un plan de desescalada en prisión que garantice el cumplimiento de los derechos humanos.

12 de mayo de 2020. Hoy numerosas organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos han presentado ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias unas  “Propuestas para la desescalada en el contexto de Covid-19 en las prisiones dependientes de la Administración General del Estado”. Desde las organizaciones que han impulsado este plan de actuación sostienen que “es necesario adoptar medidas para llevar a cabo el desconfinamiento en las cárceles y hacer un retorno a la ‘normalidad’”. Critican que, “aunque hace más de una semana que el Gobierno central aprobó las diferentes fases en que se haría el desconfinamiento, todavía no se ha publicado ninguna información específica sobre cómo se hará en los centros penitenciarios”.

Entre las medidas solicitadas se recoge el “mantenimiento de los terceros grados con control telemático, telefónico o personal con el objetivo de mantener la reducción de la población reclusa”. A este respecto, señalan que “hasta ahora esta medida se ha aplicado de manera efectiva y ha dado buenos resultados, tanto para la administración penitenciaria como para las personas privadas de libertad y sus familias”. No obstante, insisten en que es necesario la “ampliación de otras medidas para asegurar el refuerzo de cumplimiento en libertad o semilibertad”. Es urgente, apuntan, que de forma generalizada, “se adopten medidas tendentes a conceder regímenes abiertos y de detención domiciliarias para personas en régimen del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, de mayores de 65 años, mujeres embarazadas o madres con hijos/as dentro de prisión, o de personas enfermas crónicas”. Igualmente, recomiendan, al igual que numerosas organizaciones internacionales, que se produzcan “progresiones a terceros grados para aquellas personas con condenas cortas o bien que ya estuvieran disfrutando de permisos antes del confinamiento así como a las personas que ya hayan cumplido las tres cuartas partes de su condena”.

Por otro lado, también señalan que es imprescindible “reactivar las actividades para iniciar el proceso de normalización de la vida en la prisión”. Tanto las actividades de tratamiento como las formativas o de derivación a recursos externos “deben comenzar a recuperarse en las cárceles por ser éstas actividades las que cumplen con el mandato constitucional de la pena privativa de libertad: la reinserción y resocialización de las personas presas”. En este punto, inciden en que es especialmente importante “recuperar el ritmo legal de celebración de Juntas de Tratamiento y, con ello, de adopción de acuerdos referentes a clasificación de las personas presas, concesión de permisos y salidas programadas”. Así mismo es fundamental “el restablecimiento de los permisos y salidas programadas dada la importancia que tienen dentro del tratamiento en general y para la concesión de más beneficios penitenciarios.”

Respecto a las medidas destinadas a la comunicación, las organizaciones que impulsan esta propuesta solicitan el “mantenimiento de las videollamadas con las familiares y personas próximas de las personas privadas de libertad así como el mantenimiento de las llamadas y de las llamadas extraordinarias acordadas durante el confinamiento”. De igual modo, apuntan que “es imprescindible que se elabore y ejecute un plan para el restablecimiento progresivo de las visitas de familiares en prisión”. Para poderlo realizar de manera acorde a la situación sanitaria actual solicitan que “se amplíen los días de visita de familiares para evitar que haya demasiadas personas esperando en las entradas de los centros penitenciarios” y que “se autorice a familiares y personas allegadas el desplazamiento para realizar visitas a los centros penitenciarios y que, en todo caso, haya coordinación con los cuerpos policiales para evitar que sean sancionadas personas que vayan a visitar a centros penitenciarios”.

Por último, las organizaciones instan a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a que realice un “estudio de medidas para compensar el tiempo en que las personas presas no han podido participar en actividades y programas de tratamiento, asegurando así que la finalidad de la pena privativa de libertad tiene un sentido positivo”. De la misma manera, han solicitado que se lleva a cabo un “estudio de seroprevalencia que estime el porcentaje de personas privadas de libertad que ha desarrollado anticuerpos frente a la Covid-19”.

Para ver el escrito completo presentado a la SGIP pincha: https://www.naiz.eus/media/asset_publics/resources/000/703/427/original/20200512-propuesta-iipp.pdf

Organizaciones firmantes

  1. Altsasu Gurasoak,
  2. Asociación Libre de Abogadas y Abogados,
  3. Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza,
  4. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA),
  5. Centre Irídia,
  6. Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón (C.A.M.P.A),
  7. Comisión de Asesoramento Xurídico Penitenciario de Ourense,
  8. Comision Legal Sol,
  9. Etxerat,
  10. Grupo Derechos Civiles 15-M Zaragoza,
  11. Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense,
  12. Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona,
  13. Oteando,
  14. Red Jurídica,
  15. Salhaketa Araba,
  16. Salhaketa Bizkaia,
  17. Salhaketa Nafarroa,
  18. Sare Herritararra – Red ciudadana Sare.
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Decenas de organizaciones denuncian que Instituciones Penitenciarias no ha adoptado las recomendaciones de la OMS y el Consejo de Europa

Según el último informe del Consejo de Europa, el Estado español se encuentra entre los países con la cifra más elevada de personas presas mayores de 65 años de toda Europa.

8 de abril de 2020. En un comunicado publicado esta mañana distintas organizaciones sociales han denunciado que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) “aún no esté actuando dentro de las prisiones conforme a los criterios recomendados por la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Europa”. Si bien estos organismos internacionales han puesto el foco en la necesidad de reducir la población penitenciaria y el deber del respeto escrupuloso al derecho a la salud de las personas presas, hasta ahora, advierten desde las distintas organizaciones, “la mayor parte de las medidas que se han implementado por parte de la SGIP, como la interrupción de las comunicaciones con el exterior o el aislamiento en celda, son de carácter restrictivo”.

Por otra parte, recuerdan que la semana pasada el Defensor del Pueblo Español (DPE) emitió un comunicado en el que recomendaba al Ministerio del Interior “llevar a cabo una evaluación permanente de las medidas adoptadas hasta el momento y su modulación” en relación con las recomendaciones emitidas por los organismo internacionales . Sin embargo, aunque estas 1 organizaciones celebran que después de haber presentado varias quejas “por fin se haya pronunciado el DPE sobre la situación en las prisiones”, consideran que las recomendaciones emitidas son “muy insuficientes y alejadas de los estándares de salud pública y respecto a los derechos humanos recomendados por la OMS y el Consejo de Europa”

Así, las organizaciones que trabajan en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, apuntan que el Síndic de Greuges catalán emitió el mismo día que el DPE una declaración pública en la que recomendaba a las instituciones penitenciarias “la agilización de las actuaciones para excarcelar (…) al mayor número de personas internas en los centros penitenciarios con el fin de minimizar el riesgo de contagios del virus SARS-CoV2” . Se trata, 2 según las organizaciones que firman el comunicado, “de una declaración mucho más acorde con los estándares y recomendaciones realizadas por la OMS y el Consejo de Europa”. En este sentido, recuerdan que el Estado español es, según los últimos datos del Consejo de Europa, “uno de los Estados europeos con el mayor número de personas mayores de 50 años (20% de la población total) y mayores de 65 años (2,5%)” .

Sin embargo, tal y como denuncian, “Instituciones Penitenciarias ha hecho oídos sordos a estas recomendaciones”. En este sentido, además del escaso uso que se ha realizado de los mecanismos de excarcelación previstos en el Reglamento Penitenciario -en sus artículos 100.2 y 86.4-, denuncian que “apenas se han habilitado canales alternativos de comunicación entre las personas privadas de libertad y sus familias”. Así, critican que en esta materia la principal y única medida adoptada por la SGIP ha sido repartir un total de 205 móviles entre todas las personas presas . “En estos momentos hay 50.300 personas que se encuentran en centros 4 penitenciarios dependientes de la Administración estatal lo que da una medida de un móvil por cada 246 personas. Es lamentable”.

Por todo ello, las organizaciones insisten en que es necesario “adoptar medidas encaminadas a garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de libertad”. En este sentido, tal y como solicitaron al Defensor del Pueblo el pasado 23 de marzo, es “esencial reforzar las plantillas médicas que existen dentro de prisión al mismo tiempo que activar los mecanismos de excarcelación contemplados en la legislación penitenciaria”. Por último, solicitan que “se deben garantizar de forma efectiva canales alternativos de comunicación entre las personas presas y sus familias”.

ORGANIZACIONES

  • Coordinadora Anti Represión de la Región de
  • Murcia
  • Associació Memòria Contra la Tortura
  • Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
  • Movimiento Antirrepresivo de Madrid
  • Solidarios de la sanidad
  • Coordinadora de Barrios
  • Observatori del Sistema Penal i els Drets
  • Humans
  • Obra Social Madrid Tetuán
  • Irídia – Centro por la Defensa de los Derechos
  • Humanos
  • Asociación Apoyo
  • Colectivo Cassandra
  • Salhaketa Nafarroa
  • Oteando – Observatorio para la defensa de las
  • libertades
  • Red Jurídica
  • CAMPA
  • ALAZ
  • Movimiento Feminista de Murcia
  • Asamblea contra el CIE de Aluche
  • OMV Obra Mercedaria Valencia
  • Colectivo Pronoia
  • Colectivo Anticarcelario La Corda
  • Grupo de apoyo a presxs
  • CNT-AIT Granada
  • Juventudes Libertarias de Jaén
  • CGT Región de Murcia
  • Osabideak
  • Salhaketa Araba
  • Comisión de Asesoramento Xurídico
  • Penitenciario de Ourense (CAXPOU)
  • Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense
  • Comisión Legal Sol
  • Colectivo Anticarcelario Todo Puede Caer
  • Stop Represión Granada
  • CNT-AIT Tarragona
  • EsCULcA – Observatorio dereitos e liberdades
  • Rights International Spain (RIS)
  • Anticapitalistas Aragón
  • Derechos Civiles 15M Zaragoza
  • Comisión Penal ALA
  • Marcha contra la macrocárcel de Zuera
  • Oficina de Dereitos Sociais – Coia
  • Sare Herritararra – Red ciudadana Sare
  • Etxerat
  • Grupo Juristas por los Derechos Humanos en
  • Andalucía, 17 de marzo
  • CGT Estatal
  • FUIG – Grup de Suport a Persones Preses
  • Altsasu Gurasoak
  • Familias frente a la crueldad carcelaria
  • Fundación Gaztelan
  • IACTA Cooperativa d’advocades
  • Puyalón de Cuchas
  • Colectivo de Prostitutas de Sevilla
  • Salhaketa Bizkaia
  • CGT Aragón – La Rioja
  • Colectivo anticarcelario Fuera del Orden
  • Grup de Suport Amadeu
  • HENAS
  • Centro Social Autogestionado Librería La Libre
  • Distribuidora Anarquista Polaris
  • SOS Racismo Nafarroa
  • Pastoral Penitenciaria de Navarra
  • Madres contra la Represión
  • Ateneo Libertario Xosé Tarrío
  • Familias de presxs en Catalunya
  • Comité Isabel Aparicio
  • Socorro Rojo Internacional (SRI)
  • Coordinadora Fran Molero
  • CNT-AIT Catalunya
  • Eraikiz Kolektiboa
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Una historia de mascarillas, cárcel, organización comunitaria y abandono -una vez más- del Estado

Recién declarada la pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, el pasado 18 de marzo tuvimos conocimiento de la ausencia de mascarillas en la macrocárcel de Zuera. Hacía cuatro días que se había decretado el Estado de Alarma en España. El Gobierno hizo pública en estos primeros días la Orden INT/227/2020 donde se establecieron protocolos para la contención del virus dentro de instituciones penitenciarias, pero no proporcionó, sin embargo, los medios necesarios para ponerlos en práctica.


Ante la petición de mascarillas, ya que ni las funcionarias que tienen contacto con el exterior cada día, ni las personas presas disponían de ellas, la respuesta fue inmediata y un gran número de personas, algunas pertenecientes a colectivos y otras a título individual, nos organizamos. Comenzó entonces la búsqueda y donación de materiales, la confección en casas y talleres particulares, el establecimiento de puntos donde entregar y recopilar mascarillas una vez terminadas… En definitiva, se creó una red que reaccionó y empezó a funcionar de inmediato frente a esta necesidad.

El día 20 de marzo, dos días después de la petición, se hizo una primera entrega de 107 mascarillas en el Centro Penitenciario de Zuera; pero no eran suficientes, ya que la macrocárcel posee una población de más de 1300 personas, por lo que la red continuó manos a la obra. El día 23 de marzo se hizo otra entrega de unas 500 mascarillas y el 24 de marzo llegaron otras 1200; lo que haría un total de aproximadamente 1800 mascarillas entregadas.

Desde el Centro Penitenciario nos comunicaron que la necesidad había quedado cubierta: sin embargo, una semana después de la primera entrega, los días 30 y 31 de marzo, comenzaron a llegar noticias de presos y presas denunciando no haber recibido dichas mascarillas y el día 1 de abril confirmamos esta información. Los carceleros habían interceptado y requisado las mascarillas “hasta que se necesitaran”, afirmando que allí estaban bien, tranquilos y manteniendo todas las medidas de seguridad.

Esta última información nos llena de impotencia y tristeza, ya que ha sido mucho el esfuerzo comunitario volcado en ello y no nos parece justa esta retención y bloqueo sin mayores explicaciones. Por todo esto queremos denunciar públicamente que:

En caso de que “usar las mascarillas cuando se necesiten” signifique “cuando haya algún positivo”, creemos que el momento de activar medidas PREVENTIVA es ANTES de que se produzcan contagios, no después. Además, como ya sabemos, el virus COVID19 puede portarse y contagiarse sin que aparezca sintomatología, por lo que para una buena prevención se deberían de tomar medidas antes de presentar síntomas.

Si consideran que las mascarillas no son una barrera de protección ya que no pueden cumplir las condiciones básicas de higiene que se necesita para ello, debería informarse a las presas y presos de que se ha tomado esta decisión y del por qué de la misma. La no información y el aislamiento alimentan el miedo, la ansiedad, la preocupación y la sensación de estar en riesgo. La población reclusa también tiene derecho a estar informada y saber porqué se adoptan ciertas medidas y otras no, conocer cómo esta la situación general dentro y fuera de la cárcel, cómo funciona el virus y los contagios, etc. El mensaje que llega de la gente que está dentro no es ni de tranquilidad ni de estar bien.

No logramos entender que, a falta de mejor protección, las mascarillas no sirvan para prevenir si se lavan a diario y se hace de ellas un uso adecuado, en momentos puntuales al compartir espacios en los que es difícil (o prácticamente imposible, dadas las condiciones) mantener las distancias de seguridad.


Además de la falta de atención y medidas sanitarias, la situación deja clara la falta de respeto con la que se trata a las personas presas y a quienes nos preocupamos por ellas, así como el absoluto desprecio por el esfuerzo de coordinación hecho desde fuera, negando información y respondiendo a las demandas de manera ambigua para intentar mantener un ambiente de “tranquilidad”.

Queremos también agradecer todo el trabajo hecho por colectivos e individualidades para una vez más tejer redes comunitarias, de autogestión y solidaridad. De todo esto aprendemos que seguimos teniendo a nuestras vecinas, seguimos teniéndonos a nosotras y seguiremos luchando por la libertad de todas las personas.

C.A.M.P.A.

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Solidaridad en tiempos de pandemia: cómo el coronavirus ha llegado a las cárceles

Las medidas sociales que se plantean en el estado de alarma en el que nos encontramos actualmente, no tienen en cuenta las realidades de las personas más expuestas a violencias estructurales y a las que menor acceso tienen a recursos, dejando fuera a una importante parte de la población.

Desde C.A.M.P.A. queremos mostrar nuestra gran preocupación por la situación actual de las personas presas ante la crisis sanitaria provocada a raíz de la rápida expansión del coronavirus, COVID-19.

Nos preguntamos cómo afecta esta situación las personas presas, sus familiares y amigxs: el doble aislamiento, la desatención sanitaria, la soledad que supone no poder verse ni siquiera a través de cristales…. En definitiva, cómo afectará esta situación a su estado de salud y a sus derechos. Tenemos conocimiento de que actualmente se encuentran aisladas en las celdas, que las cartas no llegan y se están aplicando primeros grados de facto. ¿Qué consecuencias tiene este doble aislamiento para la salud mental? ¿Cómo poder gestionar la vulnerabildad, el miedo y la ansiedad desde dentro?

No debe dejarse de lado la excepcionalidad en cuanto a restricciones de derechos en la que viven diariamente las personas presas y el plus que suponen todas estas medidas nuevas. A continuación, mostramos el resumen cronológico de las medidas adoptadas ante el coronavirus por parte del Ministerio del Interior para prevenir mayor número de contagios, restringiendo los derechos de las personas presas.

El día 12 de marzo comenzaron las primeras restricciones como consecuencia de la aparición de los primeros casos de COVID-19 en las cárceles de Madrid VI y Álava. Consistían entre otras, en suprimir los vis a vis y dejar únicamente las visitas con familiares y amigxs, abogadxs mediante locutorio al estar separadxs mediante cristales, además quedaba excluida la entrada de voluntarixs, suspendidas las salidas programadas y tratamentales… Con ello comenzaba el aislamiento de las 69 prisiones del Estado.

El día 15 de marzo, una vez fue decretado el Estado de Alarma, se publicó la Orden 227/2020, por la que se tomaron las siguientes medidas:

  • Todas las comunicaciones ordinarias con familiares y amigxs quedan suspendidas.
  • Las salidas de permisos, salidas programadas y cualquier otras salidas quedan suspendidas, salvo por causas de fuerza mayor o situación de necesidad para evitar los desplazamientos considerados prohibidos por el art. 7 del RD 463/2020, de 14 de marzo.
  • Las personas presas clasificadas en tercer grado o que tengan aplicado un régimen de flexibilidad que se hallen destinadas en centros de inserción social, secciones abiertas o centros ordinarios podrán salir para la realización de las actividades expresamente relacionadas en el art. 7 del mencionado real decreto, adoptándose los protocolos establecidos cuando regresen al centro penitenciario.
  • Se ampliarán las comunicaciones telefónicas que tengan autorizadas las personas presas, especialmente con abogadxs, a fin de que en todo momento quede garantizado el derecho de defensa.

El día 16 de marzo varias organizaciones (a día de hoy, más de 55), entre las que se encuentra C.A.M.P.A. y la Asociación Libre de Abogadxs de Zaragoza, presentamos un escrito ante el Ministerio del Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias solicitando “una serie de medidas urgentes para velar por los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”.

Entre las medidas solicitadas se encuentran las siguientes:

  • Refuerzo del personal sanitario dentro de prisión, así como que el aislamiento de las personas afectadas por COVID-19 se produzca en una instalación médica en lugar de una celda.
  • La excarcelación inmediata de las personas presas enfermas graves y de más de 70 años por constituir un grupo con doble riesgo del mismo modo que el de la población preventiva, estableciendo otro tipo de controles en caso de ser necesarios.
  • La gratuidad de las llamadas telefónicas extras y el incremento de las comunicaciones.
  • La excarcelación de las personas con condenas de poca duración y cumplimiento del régimen abierto fuera de los establecimientos.
  • La excarcelación de las personas con condenas de poca duración y cumplimiento del régimen abierto fuera de los establecimientos.

La adopción de las medidas por parte de Ministerio del Interior, unidas a la falta de información, de material y de personal sanitario y al aislamiento forzoso dentro de las celdas ya ha dado lugar a las primeras protestas, motines y huelgas de hambre en las cárceles: en Brians I (Barcelona) más de 100 personas presas en huelga de hambre, en Fontcalent (Alicante) varias personas presas realizaron una hoguera en el patio, en Soto de Real hay una situación muy tensa a punto de un motín5, las mujeres presas en la cárcel de Wad Ras han iniciado una huelga de hambre y han sido trasladadas forzosamente.

Recientemente un artículo publicado en la Directa por Vicent Almela, informaba que el 41,66% de las plazas médicas de los Centros Penitenciarios están sin cubrir, la desatención sanitaria es un hecho.

Ni en Zuera ni en Daroca se ha podido mantener el Servicio de Orientación Jurídico Penitenciario (SOJP), a través del cual se presta asesoría jurídica gratuita por parte de abogadxs. En algunas cárceles se está tratando de habilitar una asistencia letrada telefónica. La información a la que hemos tenido acceso sobre la cárcel de Zuera es que se ha habilitado un módulo entero, el número 11, para albergar a personas afectadas por el virus. Las demás personas presas se encuentran AISLADAS en sus celdas, y a aquellas que ingresan dentro estos días, las mantienen 14 días en observación en el módulo de ingresos. Nos preguntamos qué consecuencias tendrá este doble encierro para su salud física y mental. Sabemos que a día de hoy no se les ha dotado de medidas de prevención de contagio como guantes y mascarillas.

Ante la falta material de protección para las personas presas, desde C.A.M.P.A. hemos hecho un llamamiento para la recogida y fabricación de mascarillas. Podéis contactarnos a través de nuestro Facebook: Justa Fernández o a través de nuestro correo: colectivocampa@riseup.net

Además, hemos decidido iniciar un programa de radio en RadioTopo donde iremos actualizando la información sobre la situación de las personas presas ante esta crisis sanitaria y de derechos humanos. Nuestra intención es además dar voz a colectivos, familiares o amigxs de personas presas, por lo que os invitamos a escribirnos.

Tenemos que ser conscientes de la excepcionalidad en cuanto a restricciones de derechos en la que viven diariamente las personas presas, por este motivo y todo lo anterior, no vamos a dejarles solas. Ante el miedo y la incertidumbre de estos días creemos en la solidaridad y los cuidados para traspasar los muros.

C.A.M.P.A.

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Más de 20 organizaciones solicitamos medidas urgentes al Ministerio del Interior e Instituciones Penitenciarias

Andalucía, 16 de marzo de 2020. Esta mañana más de dos decenas de organizaciones han registrado un escrito ante el Ministerio del Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias solicitando “una serie de medidas urgentes para velar por los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”. Las organizaciones, entre las que se encuentran el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, la Red Jurídica, Irídia o la Coordinadora de Barrios, muestran su preocupación por “los efectos que puede tener el coronavirus en la salud y en los derechos de las personas presas”.

En el escrito remitido a la Administración penitenciaria del Ministerio dirigido por Grande-Marlaska se advierte que, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un “servicio médico inadecuado dentro de prisión puede llegar a constituir un trato inhumano o degradante”. Por ello, señalan que “pueden darse situaciones en las que la correcta administración de la justicia penal requiera la adopción de medidas humanitarias tales como la excarcelación o la detención domiciliaria”. En ese sentido, apuntan que “nuestro ordenamiento jurídico, por ejemplo, cuenta con medidas alternativas a la privación de libertad dentro de prisión para aquellas personas enfermas o mayores”.

Por ello, dada la crítica situación de la asistencia sanitaria dentro de prisión y de los efectos que el coronavirus puede tener en una población especialmente vulnerable, las organizaciones han solicitado a la Administración Penitenciaria que, en primer lugar, “refuerce de inmediato las plantillas de personal sanitario dentro de prisión, así como el aislamiento de las personas afectadas por el coronavirus se produzca en una instalación médica en lugar de una celda”. En segundo lugar, entre las medidas de excarcelación por razones humanitarias, solicitan “la excarcelación inmediata de internos enfermos graves y de más de 70 años por constituir un grupo con doble riesgo del mismo modo que el de la población preventiva estableciendo otro tipo de controles en caso de ser necesarios”. En tercer lugar, respecto a la comunicación entre familiares y personas presas, solicitan la “gratuidad de las llamadas telefónicas extras y el incremento de las comunicaciones orales ordinarias a través de locutorios”.

Asimismo, ante el anuncio de cancelación de todo tipo de comunicaciones realizado por el Ministerio de Interior “nos oponemos y solicitamos que se instale con carácter urgente un sistema de videollamadas en todas las cárceles entre las personas presas y las personas con las que realizan comunicaciones ordinarias”. Según las organizaciones, “no tiene sentido en estos momentos no implementar, también en las cárceles, las tecnologías de comunicación con las que cuenta el resto de la ciudadanía”.

Se trata, como señalan las organizaciones, de “adoptar medidas urgentes que eviten, por un lado, la propagación del coronavirus dentro de las cárceles y que, por otro, garanticen los derechos fundamentales de las privadas de libertad”.

Colectivos adheridos:

  1. Coordinadora Anti Represión de la Región de Murcia
  2. Associació Memòria Contra la Tortura
  3. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
  4. Movimiento Antirrepresivo de Madrid
  5. Solidarios de la sanidad, Coordinadora de Barrios
  6. Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans
  7. Obra Social Madrid Tetuán
  8. Irídia – Centro por la Defensa de los Derechos Humanos
  9. Asociación Apoyo
  10. Colectivo Cassandra
  11. Salhaketa Nafarroa
  12. Oteando – Observatorio para la defensa de las libertades
  13. Red Jurídica
  14. CAMPA- Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón
  15. ALAZ_ Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza
  16. Movimiento Feminista de Murcia
  17. Asamblea contra el CIE de Aluche
  18. OMV Obra Mercedaria Valencia
  19. Colectivo Pronoia
  20. Colectivo Anticarcelario La Corda
  21. Grupo de Apoyo a Presxs Lleida
  22. CNT-AIT Granada
  23. Juventudes Libertarias de Jaén
  24. CGT Región de Murcia
  25. Osabideak
  26. Salhaketa Araba
  27. Comisión de Asesoramento Xurídico Penitenciario de Ourense (CAXPOU)
  28. Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense
  29. Comisión Legal Sol
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NO HAY RECURSOS

Vanessa y Jesús son dos personas ciegas que ingresaron en la prisión de Zuera el pasado mes de junio de 2019 para cumplir dos condenas cortas de prisión.

Desde CAMPA queremos DENUNCIAR PUBLICAMENTE la situación que están viviendo:
Además de la ceguera, ella presenta problemas de desplazamiento (pierde el equilibrio y precisa de ayuda para andar) y de salud mental. Ambos residen permanentemente en el módulo de enfermería, con un “apoyo sanitario” las 24 horas. Este apoyo sanitario lo ejercen otras personas presas obligadas a estar con ellxs.

¿Una persona ciega no puede cometer un delito? Claro que sí, negarlo sería victimizarles. Esta pregunta nos la han hecho en varias ocasiones cuando hemos acudido a las instituciones para hablar sobre ellxs. No se trata de esto, se trata de humanidad. Se trata de si la cárcel es un espacio que se adapta a las necesidades especiales de ambos. La respuesta es rotundamente NO.

En el mes de octubre de este año, los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Zaragoza, que son los encargados de “salvaguardar los derechos de lxs internxs” (art. 76.1 de la LOGP), ni siquiera tenían conocimiento de las necesidades especiales de Vanessa y Jesús. Tan solo constaban abiertos un par de expedientes referentes a refundiciones de condena. Una vez fueron conocedorxs de esta situación, ambos Juzgados al parecer, no pondrán problemas para el acceso de esta pareja a un tercer grado, siempre que abonen la totalidad de la responsabilidad civil que deben (no debe olvidarse que este requisito, tengas dinero o no, forma parte del juego).

Bravo! parecía que lo más difícil estaba conseguido. ¿Con qué nos encontramos?… NO EXISTE NI UN SOLO RECURSO EN ARAGÓN que se adapte a las necesidades de Vanessa y Jesús, es decir, un piso donde puedan residir y puedan ser asistidxs. La ONCE no dispone de viviendas ni de personal que pueda comprometerse a asistirles si residen en una vivienda por su cuenta. Tras haber contactado con las distintas asociaciones y fundaciones con recursos sociales adaptados para necesidades especiales en Aragón, nos trasladan la imposibilidad de encontrar una solución para Vanesa y Jesús. Sólo existen viviendas que pertenecen a asociaciones/ fundaciones que obligatoriamente pasan a asumir la tutela de ambos, es decir, que previamente deberían de ser incapacitadxs judicialmente. Perdiendo así, toda capacidad de decisión sobre sus bienes y sobre ellxs mismxs.

¿Y entonces, qué hacemos? Cada día que pasa se está privando a estas personas de vivir en libertad debido a la violencia institucional // social que NO OFRECE ninguna alternativa ni solución a esta situación.

¿Cómo recibe una persona la siguiente información?: Lo siento, podrías estar en libertad pero NO HAY RECURSOS que se adapten a vuestras necesidades, por lo que deberás seguir encerradx. Un ejemplo más, que demuestra para qué existen realmente las cárceles.

Esta falta de humanidad hace que cada vez sintamos más fuertes las ganas de reventar todos y cada uno de los muros.

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Actualizamos situación de Carmen Badía

Desde el colectivo SUPORT PRESXS LLEIDA nos llegan nuevas noticias de Carmen Badía, que continúa en el módulo de enfermería de la cárcel de Zuera a la espera de un traslado que por lo que parece, nunca llega:

¡Carmen Badía, presa enferma, sigue desatendida y maltratada en Zuera!

Hemos recibido nuevas noticias de Carmen Badía Lachos, que sigue residiendo en la infermería del centro penitenciario de Zuera desde hace ya más de un año sin que se hayan solucionado sus problemas de salud.

Hace unas semanas nos cuenta que le pusieron un parte disciplinario al parecer con el único argumento de que “simuló un infarto” ya que estando ella en la actividad religiosa de los fines de semana a la que suele acudir, se quejó de que se encontraba mal. Al parecer se sentía mareada (cosa que ya le ha sucedido en otras ocasiones por bajadas de tensión) y decidió comunicarlo a un funcionario para que la visitara un médico. El funcionario se molestó por su demanda aunque finalmente la llevaron a infermería a pesar de que no había ningún médico en la cárcel en ese momento. Carmen se quedó en su celda y tuvo que esperar para ser atendida y finalmente le llegó un parte por lo sucedido acusándola de mentir sobre su malestar.

A todo esto, hace 2 meses Carmen fue atendida en un hosiptal público y el médico del mismo le avisó que debía volver a ser operada. Hacía más de 1 año y medio que Carmen no salía al hospital a pesar de haber pasado ya por varios cánceres y operaciones y de tener varios tumores en el cuerpo.

A día de hoy sigue sin estar operada, acusada de mentir sobre su pésimo estado de salud y sin la atención médica correcta. Residiendo en la infermería de la prisión a pesar de haber pedido ya la excarcelación por enfermedad grave incurable:

Se acogía a su derecho a la aplicación del art. 92 CP por Enfermedad grave con padecimientos incurables. Que dice muy claramente que: “No se puede interpretar enfermo grave e incurable con estado preagónico. El artículo 196.2 RP está pensado esencialmente para los enfermos terminales. Sin embargo, el concepto de enfermo terminal no debe ser interpretado tan restrictivamente que pueda llegar a confundirse con enfermo agónico o cercano a la muerte. Ni la letra, ni el espíritu, ni la finalidad, ni la sistemática de los artículos 196.2 RP y 92 CP autorizan esa interpretación. Este requisito no se puede equiparar a que esté a punto de morir en situación agonizante (Autos JVP de Bilbao de 24.01.1997 y 26.05.1997). Se puede equiparar, como señala el Auto de AP 5ª de Madrid de 16.12.1997, a «vivir en libertad esa última etapa de la vida que puede incluso tener larga duración; un vivir que es también convivir –el hombre como ser social desde los filósofos griegos–, en definitiva sentir la vida como convivencia y dependencia absoluta de otros. Pero, además, la concesión de este beneficio enlaza directamente con bienes y derechos constitucionalmente consagrados, lo que permite no dilatarlos hasta las fases terminales de la enfermedad, así, el derecho a la vida y a la integridad física (art. 15 CE).”

Y esto no es todo, por si fuera poco, este último mes le han hecho a Carmen los análisis pertenecientes (ya que cada mes tienen que controlar su nivel de colesterol; que en los últimos 20 meses ha sido altísimo, a más de 400 cuando el máximo sería 200) y el resultado ha sido radical. Parece que ha pasado de tener un grave exceso de colesterol a tener “demasiado poco”, al parecer por culpa de las negligencias médicas con la medicación, obra de los médicos de la prisión…

Denunciamos una y otra vez su situación así como la de todas las personas presas enfermas que se encuentran en un estado parecido.

Reclamamos posicionamiento y denunciamos la impunidad de los médicos de prisiones, a los jueces de vigilancia penitenciaria, a los funcionarios y a la Institución Penitenciaria; que encubren las muertes y las injustícias que hay dentro de las cárceles españolas.

¡Por el derecho a una vida digna! ¡Libertad presas enfermas!

Ahora Carmen ya está harta. ¡Con razón! Pide desde hace unos meses su traslado otra vez a Cataluña. Almenos para estar más cerca de su família y amigos. Y parece que el centro no se la concede por falta de motivos. ¡Cómo si fuera poco el hecho de tenerla en infermería desde que llegó y totalmente desatendida!

¡Ni ella ni la gente solidaria vamos a parar hasta conseguir su traslado y su libertad!

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