NO PODRÉIS SILENCIAR QUE EN LAS CÁRCELES SE TORTURA

Campaña: #VocesContraLaTortura

“No podréis silenciar que en las cárceles se tortura”

En las cárceles del Estado español se tortura, se maltrata y se producen muertes por sobredosis, suicidios, desatención médica o agresiones.

Esta afirmación ha sido constatada por diferentes instituciones a nivel estatal e internacional como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT)1 , el Defensor del Pueblo -que en sus últimos informes alerta sobre los casos de suicidios dentro de la cárcel2– o las condenas por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al Estado español3.

Se trata de una realidad que está siendo documentada por distintos colectivos e individualidades que acompañan y visitan a personas presas con el objetivo de hacer de enlace entre instituciones privativas de libertad (cárceles, CIEs o comisarías) y la sociedad. Siempre que ellas quieran se denuncia cualquier situación de malos tratos y torturas: judicialmente, comunicándolo a las instituciones pertinentes o haciendo públicos sus casos.

Sin embargo, al mismo tiempo que la tortura dentro de espacios privativos de libertad está muy lejos de desaparecer, en los últimos años están creciendo las denuncias y querellas contra quienes defienden los derechos de las personas privadas de libertad. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal de Instituciones Penitenciarias y sindicatos de funcionarios de prisiones están tratando de acallar a quienes tratan de visibilizar las distintas realidades que sufren muchas personas bajo custodia.

Esta situación se cristaliza en ejemplos como los procedimientos judiciales penales contra Iñaki Rivera (Universidad UAB y Director SIRECOVI y Observatori DDHH) y Lorena Ruiz (Asociación Libre Abogadas Madrid), quienes han recibido querellas por el mero hecho de denunciar públicamente que en el Estado español se producen torturas. De la misma manera que Idrissa Gueyé (presidente de la asociación de inmigrantes senegaleses de Aragón) que tras presentar un dossier con testimonios de víctimas de abusos policiales ha sido denunciado por injurias y calumnias. Además, 47 personas vascas, entre las que se encuentran familiares, abogadas y médicas, fueron condenadas el pasado mes de septiembre por la Audiencia Nacional por prestar su apoyo a presos y presas vascos así como por denunciar situaciones de tortura dentro de prisión.

Creemos que estamos ante una serie de ataques frontales hacia la dignidad de las personas presas mediante un intento de silenciar y criminalizar las redes de solidaridad y de denuncia pública en casos de torturas y malos tratos en los centros de privación de libertad.

Sostenemos que los derechos humanos son algo intrínsecoatodaslaspersonas, sea cual sea su situación, y quienes firmamos este comunicado manifestamos nuestra firme decisión de continuar defendiéndolos.

No nos van a disuadir más querellas ni denuncias, con ellas no conseguirán que dejemos de visitar y acompañar a las personas bajo custodia. Siempre que ellas nos lo soliciten, seguiremos denunciando todas aquellas situaciones y conductas que ataquen y vulneren sus derechos humanos.

Por ello, queremos también mostrar nuestro total apoyo a las personas que en este momento están siendo sometidas a procesos judiciales por defender los derechos de personas presas.

Porque en las cárceles se tortura, se maltrata, se producen muertes por sobredosis, suicidios, desatención médica o agresiones.

COMUNICADO FIRMADO POR:

  • AISA (Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón)
  • ALAZ (Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza)
  • ALTSASUKO GURASOK
  • APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía)
  • C.A.M.P.A. (Colectivo apoyo mujeres presas en Aragón)
  • ETXERAT
  • GRUPO DE DERECHOS CIVILES 15M ZARAGOZA
  • IRÍDIA (Centre per la defensa dels Derts Humans)
  • MARCHA CONTRA LA MACROCÁRCEL DE ZUERA
  • OSPDH (Observatori del sistema penal i els Drets Humans)
  • SALHAKETA NAFARROA (Asociación de Apoyo a personas presas, ex-presas y sus familiares)
  • SARE HERRITARRA

1 En el informe emitido en el año 2017 se puede leer que “en las oficinas de los inspectores utilizadas para el interrogatorio de sospechosos en la comisaría de la Policía Nacional de la calle Leganitos, Madrid, la delegación del CPT encontró varios objetos tales como palos, bates de béisbol, un látigo y una cuerda/soga”. El informe completo se encuentra disponible en este enlace.

2 Informe disponible en este enlace.

3 Una de las últimas condenas por parte del TEDH ha sido en el caso Portu Juanenea y Sarasola Yarzabal. Información disponible en este enlace

Si tú también quieres defender los derechos de las personas bajo
custodia y apoyar a quienes dan voz a las situaciones de tortura y
maltrato en centros de privación de libertad. Hazte una foto o vídeo
con el siguiente cartel y compártela en tus redes sociales utilizando
el HT #VocesContraLaTortura:
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Apuntes sobre la supuesta nueva normalidad en prisiones

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias publicó hace unos días las indicaciones para alcanzar la “nueva normalidad”. Las que conocemos la realidad del interior de las cárceles sabemos que estas medidas, tan aparentes sobre el papel, son inasumibles en la práctica.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias recoge mediante escrito y remite con fecha 25 de junio de 2020 las indicaciones que la Dirección de cada centro penitenciario ha de tener en cuenta con el objetivo de alcanzar la “nueva normalidad”. Ante este escrito, nos preguntamos hasta qué punto se puede confiar en la puesta en práctica de las medidas expuestas. Las que conocemos la realidad del interior de las cárceles sabemos que estas medidas, tan aparentes sobre el papel, son inasumibles en la práctica. Para afrontar las nuevas circunstancias de manera que los derechos de las personas presas no se vean una vez más perjudicados, sería necesaria la adaptación de infraestructuras, dinámicas y recursos a las necesidades actuales. Y no lo que propone en el escrito la Secretaría General, que es exactamente el proceso contrario: valorar el cumplimiento o no de las medidas en relación a las posibilidades (escasas) que ofrece de por sí la cárcel.

Cuestionamos que exista una preocupación real por las personas presas pues el sistema sanitario en las cárceles es muy deficiente. Esto es algo que se viene denunciando mucho antes de la situación actual relacionada con la COVID-19. Nos preguntamos cómo se va a “examinar a todas las personas que ingresen en las cárceles” cuando la escasez de personal sanitario hace que habitualmente, las personas presas, encuentren problemas para ser atendidas cuando lo necesitan.

Centro Penitenciario de Zuera

También desconfiamos sobre la implantación de medidas de prevención y control ya que hemos sido testigos de cómo, al menos hasta ahora, no se han puesto en práctica. En relación al uso de mascarillas, ya informábamos hacia final de marzo que tras haber hecho llegar unas 1.800 unidades confeccionadas en tela en casas y talleres particulares, sabíamos que no habían sido entregadas a las personas presas y que éstas no habían sido informadas del porqué de la cuestión. A día de hoy, la información que nos llega es que todavía no han recibido estas mascarillas. En cuanto a la distancia de seguridad, basta conocer algo sobre los espacios y las dinámicas en la cárcel para darse cuenta de que es prácticamente imposible cumplirla. Hemos visto también cómo la higienización de superficies y espacios tampoco se ha llevado a cabo de forma adecuada, por ejemplo en el caso de los teléfonos usados para llamar o para comunicar en los locutorios.

Queremos denunciar una vez más que hasta ahora las normativas han supuesto en todos los casos represión y merma de derechos para las personas presas. Y que, aunque la situación vivida por la población no reclusa haya permitido empatizar en algunos aspectos, no debemos olvidar que el encierro en las cárceles ha supuesto un aislamiento prácticamente total ya que allí dentro no existe la posibilidad de acceder por ejemplo a dispositivos electrónicos o conexión a internet que permita contactar con seres queridos o entretenerse; tampoco existen privilegios como elegir qué o cuándo comer; o la posibilidad de abrir la puerta y salir a caminar y respirar aunque sea unos minutos para hacer algún recado. La suspensión de todo tipo de actividades y programas de tratamiento ha eliminado también la posibilidad de pasar el tiempo de forma más amena o trabajar en el proceso de reinserción en el que supuestamente se apoya la existencia de las prisiones.

Conocer sobre lo que ocurre dentro de las cárceles suele resultar bastante complicado y conseguir datos o información veraz y sin distorsiones también. Pero si aun sabiendo esto optamos por confiar en las estadísticas ofrecidas por Instituciones Penitenciarias, nos alegramos al observar que a pesar que las medidas hayan llegado más tarde de lo deseable y hayan podido resultar arbitrarias o incluso innecesariamente severas, la COVID-19 no ha derivado en una catástrofe en el interior de las prisiones.

Por último, destacar que las personas presas han sido y son las principales responsables de la no transmisión del virus dentro de las cárceles. Desde el principio y a pesar de la escasez de información, medios y recursos a la que han sido sometidas, han sido ellas mismas las que han puesto en marcha estrategias de autocuidado, cuidado del resto y responsabilidad colectiva.

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#SOSPresoakCovid19

Organizaciones sociales solicitan que se garantice el derecho de las personas presas a cumplir condena en su lugar de arraigo

Más de 8000 personas cumplen condena fuera de su lugar de arraigo en todo el Estado español

A ello habría que sumar las 7.600 personas presas respecto de las que la Secretaría General no conoce su lugar de arraigo

26 de junio de 2020. La dinámica #SOSPresoakCovid19, integrada por Salhaketa Nafarroa, Etxerat, Altsasuko Gurasoak y Sare Herritar, ha presentado esta mañana un video apoyado por diversas entidades defensoras de derechos humanos del Estado español y han hecho público el acto que han organizado para el próximo día 4 de julio a las 12.30 horas en la Plaza del Castillo de Pamplona.

La dinámica #SOSPresoakCovid19, que nace al calor de las peticiones que diversas entidades de derechos humanos de todo el Estado español vienen realizando respecto de los derechos de las personas presas en la gestión de la crisis sanitaria, se hizo pública el pasado mes de abril, y viene a reclamar al Gobierno de España y al Gobierno de Navarra el respecto a los derechos de las personas presas en la gestión de la crisis sanitaria derivada del Covid-19 visibilizando la necesidad de implementar en las cárceles medidas para garantizar, entre otros, el derecho a la salud y a la dignidad de las personas presas. Estas propuestas han sido ampliamente respaldadas por parte de la sociedad navarra y se han venido reivindicando, junto con diversos colectivos y asociaciones de defensa de los derechos humanos, en todo el Estado español.

Por su parte el Gobierno español sigue sin aplicar las recomendaciones de los organismos internacionales encaminadas a la excarcelación de personas presas y que deberían marcar sus pautas de actuación. Estas medidas siguen siendo imprescindible de cara a salvaguardar la dignidad personal y el bienestar colectivo y por lo tanto se debe proceder a excarcelar, entre otras, a las personas incluidas en los colectivos especialmente vulnerables al contagio de Covid19 como son quienes superan los 65 años de edad, quienes padecen enfermedades crónicas, así como mujeres embarazadas o con hijos o hijas presas, con ellas, en las cárceles

Con el avance en las fases de desescalada estas asociaciones y colectivos exigieron que se garantizase que el “desconfinamiento” en las cárceles se realizara bajo los mismos criterios que se aplican a las personas en libertad y de manera simultánea al resto de la sociedad. Sin embargo la práctica está evidenciando que esto no se está dando puesto que mientras en la calle ya nos encontramos en la fase de “nueva normalidad” en las cárceles, hasta el día de ayer, no se habían dado instrucciones desde la SGIP más allá de la “fase 2”. A día de hoy siguen sin restablecerse las visitas con más de 2 familiares ni se han retomado las comunicaciones vis a vis, siguen manteniéndose las cuarentenas obligatorias a la vuelta de los permisos de salida o de cualquier salida al exterior, siguen sin retomarse todas las actividades en prisión… Es necesario poner fechas límites a estas situaciones que suponen una absoluta vulneración de los derechos de las personas presas. Las medidas hechas públicas en el día de ayer por la Secretaría General para la “nueva normalidad” en las cárceles llegan, una vez más, tarde. Además son instrucciones poco claras y que vuelven a dejar al arbitrio de cada centro penitenciario la forma y tiempos para su implementación. No obstante si se quiere señalar la competencia de las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas de cara a regular la actuación a seguir en las prisiones.

Esta pandemia ha visibilizado la vulnerabilidad añadida que sufre la población reclusa y ha evidenciado la conculcación de derechos hacia las personas presas y sus familiares. Es necesario señalar además como esta vulneración ha sido aun mayor para aquellas personas presas que se encuentran cumpliendo condena lejos de su lugar de arraigo. Estas personas han visto como no han podido retomar el contacto con sus familias a través de comunicaciones por cristal porque desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no se les ha autorizado para desplazarse a otras comunidades autónomas. Tampoco han podido salir de permiso si su domicilio no estaba en la misma provincia porque, tampoco en estos casos, se ha autorizado el desplazamiento.

Ante esta situación queremos señalar que la Ley General Penitenciaria establece como un derecho de las personas presas el cumplir condena en su lugar de arraigo y que corresponde a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias decidir el lugar de cumplimiento de cada persona presa y, por lo tanto, hacer efectivo este derecho. Los datos oficiales de la Secretaría evidencian que ésta vulnera sistemáticamente este derecho de las personas presas. En el caso de Navarra un total de 184 personas presas navarras o con arraigo en Navarra están cumpliendo condena en distintas prisiones fuera de la Comunidad Foral. En el caso de Aragón al menos 136 personas, Galicia con al menos 234 personas, 564 en Cataluña y 1.093 en el caso de Andalucía… A ello habría que sumar además a las más de 7.600 personas presas respecto de las que la Secretaría General no conoce su lugar de arraigo.

Por todo ello en este momento en el que ya ha finalizado el estado de alarma interpelamos de nuevo a los gobiernos de Madrid y autonómicos para que, cada uno de ellos desde su ámbito, se pongan manos a la obra y acuerden y adopten las medidas que venimos exigiendo de forma urgente entre ellas poner fecha límite a las situaciones que se están manteniendo en las cárceles y que suponen una absoluta vulneración de los derechos de las personas presas así como el traslado de todas las personas presas a las cárceles de donde tienen su arraigo familiar o social.

No podemos esperar a que un eventual retroceso o un rebrote del COVID-19 vuelva a cercenar, más aún, los derechos de las personas presas.

Colectivos firmantes

  • Esculca (Observatorio para a defensa dos dereitos e liberdades).
  • Oteando (Observatorio para la Defensa de los Derechos y Libertades).
  • Salhaketa Bizkaia.
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VENGANZA: LA REINSERCIÓN DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS.

Quien esté familiarizadx con lo que sucede en las cárceles, sabrá que si hay algo que no se permite bajo ningún concepto es que lxs presxs denuncien abusos por parte de sus carcelerxs. Quien ignore cuanto sucede en estos oscuros lugares debería saber que los malos tratos físicos y psicológicos están a la orden del día, que la reinserción no existe como no existe la justicia y que las cárceles son negocios donde prevalecen la corrupción, la arbitrariedad y la venganza. A quien ose plantar cara al monstruo le harán la vida imposible, sobre todo si tiene el arrojo de difundir públicamente los casos de maltratos, abusos y/o suicidios encubiertos.

Félix Medina Torres, preso en el módulo de aislamiento de Zuera, publicó el año pasado por estas fechas una carta en la que narraba la brutal paliza de la que él y otros compañeros fueron testigos sobre la persona de Miguel Eda Santiago. Puedes leer la noticia aquí: http://www.presos.org.es/index.php/2019/06/28/grave-denuncia-desde-la-carcel-de-zuera-la-muerte-de-un-preso-el-28-de-mayo-y-las-palizas-a-un-preso-testigo/

Miguel se encontraba entonces preso en  Zuera y denunció el supuesto suicidio de un chaval en mayo del año pasado, quien fue provocado con golpes, amenazas y presiones durante dos días por parte de carcelerxs y que finalmente le llevaron a quitarse la vida. A Miguel lo dejaron en tal estado que tardó semanas en recuperarse. A Miguel le colocaron una soga al cuello invitándole así a “suicidarse”. Finalmente le trasladaron, práctica muy habitual cuando hay altercados de importancia.

Desde que Félix hizo público este comunicado no le han dejado en paz. La guardia que participo en esa paliza mantiene desde entonces una postura chulesca y desafiante y recibe con frecuencia amenazas, insultos y coacciones, le desaparece ropa y le están conduciendo a la desesperación y a la locura.


El pasado día 11 de junio y con la excusa de que unos presos estaban haciendo ruido y tocando el timbre en la galería de aislamiento de la cárcel de Zuera, cuatro o cinco funcionarios junto  con el Jefe de Servicios a la cabeza y armados con cascos, porras y chalecos, se presentaron en su celda entre las 22 y 23 horas pidiéndole que sacara las manos por el cangrejo para, a continuación, esposarle, y conducirle por el pasillo de la galería D hacia la zona libre de cámaras de vigilancia. Le pusieron la zancadilla cayendo al suelo y empezaron los golpes en la cabeza, en las costillas mientras le pisaban las piernas. Uno, de pelo largo, le propino porrazos en piernas y glúteos hasta que el Jefe ordenó parar. No le llevaron al médico hasta el día siguiente, alegando que por la noche no hay personal sanitario. Esa noche la paso en una celda de la galería A, sin mantas y con la luz encendida permanentemente y en un estado de impotencia y rabia tal que le llevo a arrancar la ducha y hacerse cortes en los brazos. El médico no le dio el parte de lesiones. Su abogada ha presentado denuncia solicitando al centro las grabaciones de las cámaras ,el parte de lesiones, que sea reconocido por el forense y que se depuren las responsabilidades de los carceleros y Jefe de Servicios que hicieron guardia esa noche.


Quienes sabemos lo que sucede en las cárceles no esperamos gran cosa de las denuncias por malos tratos que formulan lxs presxs contra la institución, pero tenemos la obligación moral de sacar a la luz estas prácticas tan habituales como odiosas y denunciar la connivencia que existe entre carcelerxs, médicxs, Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y demás instancias “democráticas”.


No más muertes encubiertas. No más maltratos sin respuesta.

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Organizaciones sociales solicitan al Ministerio del Interior un plan de desescalada en prisión que garantice el cumplimiento de los derechos humanos.

12 de mayo de 2020. Hoy numerosas organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos han presentado ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias unas  “Propuestas para la desescalada en el contexto de Covid-19 en las prisiones dependientes de la Administración General del Estado”. Desde las organizaciones que han impulsado este plan de actuación sostienen que “es necesario adoptar medidas para llevar a cabo el desconfinamiento en las cárceles y hacer un retorno a la ‘normalidad’”. Critican que, “aunque hace más de una semana que el Gobierno central aprobó las diferentes fases en que se haría el desconfinamiento, todavía no se ha publicado ninguna información específica sobre cómo se hará en los centros penitenciarios”.

Entre las medidas solicitadas se recoge el “mantenimiento de los terceros grados con control telemático, telefónico o personal con el objetivo de mantener la reducción de la población reclusa”. A este respecto, señalan que “hasta ahora esta medida se ha aplicado de manera efectiva y ha dado buenos resultados, tanto para la administración penitenciaria como para las personas privadas de libertad y sus familias”. No obstante, insisten en que es necesario la “ampliación de otras medidas para asegurar el refuerzo de cumplimiento en libertad o semilibertad”. Es urgente, apuntan, que de forma generalizada, “se adopten medidas tendentes a conceder regímenes abiertos y de detención domiciliarias para personas en régimen del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, de mayores de 65 años, mujeres embarazadas o madres con hijos/as dentro de prisión, o de personas enfermas crónicas”. Igualmente, recomiendan, al igual que numerosas organizaciones internacionales, que se produzcan “progresiones a terceros grados para aquellas personas con condenas cortas o bien que ya estuvieran disfrutando de permisos antes del confinamiento así como a las personas que ya hayan cumplido las tres cuartas partes de su condena”.

Por otro lado, también señalan que es imprescindible “reactivar las actividades para iniciar el proceso de normalización de la vida en la prisión”. Tanto las actividades de tratamiento como las formativas o de derivación a recursos externos “deben comenzar a recuperarse en las cárceles por ser éstas actividades las que cumplen con el mandato constitucional de la pena privativa de libertad: la reinserción y resocialización de las personas presas”. En este punto, inciden en que es especialmente importante “recuperar el ritmo legal de celebración de Juntas de Tratamiento y, con ello, de adopción de acuerdos referentes a clasificación de las personas presas, concesión de permisos y salidas programadas”. Así mismo es fundamental “el restablecimiento de los permisos y salidas programadas dada la importancia que tienen dentro del tratamiento en general y para la concesión de más beneficios penitenciarios.”

Respecto a las medidas destinadas a la comunicación, las organizaciones que impulsan esta propuesta solicitan el “mantenimiento de las videollamadas con las familiares y personas próximas de las personas privadas de libertad así como el mantenimiento de las llamadas y de las llamadas extraordinarias acordadas durante el confinamiento”. De igual modo, apuntan que “es imprescindible que se elabore y ejecute un plan para el restablecimiento progresivo de las visitas de familiares en prisión”. Para poderlo realizar de manera acorde a la situación sanitaria actual solicitan que “se amplíen los días de visita de familiares para evitar que haya demasiadas personas esperando en las entradas de los centros penitenciarios” y que “se autorice a familiares y personas allegadas el desplazamiento para realizar visitas a los centros penitenciarios y que, en todo caso, haya coordinación con los cuerpos policiales para evitar que sean sancionadas personas que vayan a visitar a centros penitenciarios”.

Por último, las organizaciones instan a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a que realice un “estudio de medidas para compensar el tiempo en que las personas presas no han podido participar en actividades y programas de tratamiento, asegurando así que la finalidad de la pena privativa de libertad tiene un sentido positivo”. De la misma manera, han solicitado que se lleva a cabo un “estudio de seroprevalencia que estime el porcentaje de personas privadas de libertad que ha desarrollado anticuerpos frente a la Covid-19”.

Para ver el escrito completo presentado a la SGIP pincha: https://www.naiz.eus/media/asset_publics/resources/000/703/427/original/20200512-propuesta-iipp.pdf

Organizaciones firmantes

  1. Altsasu Gurasoak,
  2. Asociación Libre de Abogadas y Abogados,
  3. Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza,
  4. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA),
  5. Centre Irídia,
  6. Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón (C.A.M.P.A),
  7. Comisión de Asesoramento Xurídico Penitenciario de Ourense,
  8. Comision Legal Sol,
  9. Etxerat,
  10. Grupo Derechos Civiles 15-M Zaragoza,
  11. Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense,
  12. Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona,
  13. Oteando,
  14. Red Jurídica,
  15. Salhaketa Araba,
  16. Salhaketa Bizkaia,
  17. Salhaketa Nafarroa,
  18. Sare Herritararra – Red ciudadana Sare.
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