Libertad para Carmen Badía

 

FORMULARIO DE ADHESIONES

Formulario para figurar públicamente como firmante en la petición de excarcelación de Carmen Badía:

Para contactar con la campaña podéis hacerlo a la dirección de correo:

colectivocampa@riseup.net

Así como en las distintas redes sociales y el formulario de contacto que aparece en la seccion “contacto” del blog de C.A.M.P.A.

NOTAS DE PRENSA Y COMUNICADOS

NOTA DE PRENSA Y COMUNICADO I

11 de marzo de 2019

CARMEN BADÍA, PRESA EN LA CÁRCEL DE ZUERA, COMIENZA UNA HUELGA DE HAMBRE

Carmen Badía tiene 62 años y ha sido diagnosticada de tres cánceres, denuncia desatención médica y aislamiento en el centro penitenciario de Zuera

Hoy ha iniciado una huelga de hambre como última medida para lograr su excarcelación por enfermedad grave, recogida en la Instrucción 6/2018 de Instituciones Penitenciaras

El Colectivo de apoyo a mujeres presas en Aragón (CAMPA), el Grupo de suport a presxs de Lleida y Lxs del Norte (Palencia) también solicitan a Instituciones Penitenciarias la excarcelación de Carmen Badía por motivos humanitarios

Zaragoza, 11 de marzo de 2019.- Carmen Badia Lachos, quien lleva 14 años presa y se encuentra actualmente en el Centro Penitenciario de Zuera, ha comenzado una huelga de hambre indefinida este lunes, 11 de marzo de 2019. Su reivindicación es la petición de su excarcelación por enfermedad grave recogida en la Instrucción 6/2018 de Instituciones Penitenciaras. La reciente Instrucción, que derogaba la anterior de 2017, interpreta los conceptos de “peligro patente para la vida” y “enfermedad grave e incurable” de forma restrictiva asociándolos a enfermedad terminal.

Carmen Badía es una presa enferma de 62 años, que ha sido diagnosticada de tres cánceres y a la que le han realizado diversas intervenciones quirúrgicas que han hecho que se encuentre en un estado de salud cada vez más preocupante dada su edad. En la última visita nos hizo saber que en febrero de este año le hicieron una analítica, después de pasar 9 meses sin ningún tipo de revisión en el hospital, acorde a su situación de salud.

Actualmente, se encuentra interna en el Módulo de Enfermería, un espacio donde no residen mujeres, por lo que esto supone que vive prácticamente en un régimen de aislamiento estando clasificada en segundo grado. No realiza ninguna actividad durante el día y su única salida de la celda son los domingos para acudir a misa. Por lo tanto, existe una dejación absoluta de carácter tratamental puesto que todas las personas presas tienen que tener un Programa Individualizado de Tratamiento (PIT) donde se les asignan actividades.

Además de la desatención médica y del aislamiento que sufre, le han retirado los apoyos sanitarios (otras mujeres presas que cumplen ese cometido) que la ayudaban a hacer las tareas cotidianas más básicas dado que, ante su frágil estado de salud, tiene que hacer uso de una silla de ruedas para moverse dentro de prisión, sin que las instalaciones estén adecuadamente adaptadas a ello.

Por este abandono, desatención y aislamiento que sufre, quiere hacer público el siguiente comunicado donde expresa su situación y los motivos para dar comienzo a una huelga de hambre:

«Hola compañeros/as:

Soy Carmen Badía. Hace tiempo que no os escribía, como tampoco me llegan vuestras cartas (algunas certificadas), no entiendo lo que ocurre con el correo, aunque era de esperar.

Estoy esperando al Notario y tampoco viene. Estoy esperando resolución a mi petición de permiso y tampoco me la dan. Estoy harta, hartísima de todo y todos.

Este será mi último comunicado. No pienso luchar más, total ¿para qué? Nada cambia ni cambiará. Los inocentes vamos a la cárcel y los culpables viven de puta madre con el apoyo de quienes deberían impartir justicia. JUSTICIA que en este país de pandereta no existe. Juzgan y condenan a los inocentes y caso resuelto. Si esto lo están leyendo personas de alma noble y buenos sentimientos a ellos me dirijo: no os fieis de las noticias ni de lo que os digan. Sed vosotras/os mismos y creed lo que veáis y, aún, así, hacedlo con cautela. No es oro todo lo que reluce, ni verdad todo lo que que se ve.

Un año en Zuera y todo igual. Sola en el módulo de enfermería, encerrada las 24 horas, día y noche. Me encuentro mal, hay días pésimos, ya no sé de qué quejarme, pues es todo el cuerpo, me duele todo sin excepción. Pero sobre todo el riñón izquierdo, es continuo el dolor, los pinchazos y el malestar me impiden dormir del dolor que parezco y ni los calmantes más fuertes consiguen hacer efecto. Sé que están fallando los riñones desde la quimioterapia no funcionan, y si a eso le añado el corazón que palpita aceleradamente y la medicación que no surte efecto. Además, el riñón izquierdo está trasplantado por error del Hospital de Tarrasa, donde llevan a los presos de Brians 1 en Cataluña, eso da fe del trato que se nos da a los presos y presas que necesitamos atención médica.

Escucho hoy la información de las pruebas que se hacen a los presos en un centro penitenciario de Andalucía (en los penales de Huelva y Córdoba). En el periódico se explica como en ambas cárceles prueban la estimulación con electrodos para calmar a presos como parte de un experimento. Ello demuestra lo poco que les importamos, nos tratan como cobayas humanas, de eso les servimos a Instituciones Penitenciarias: para hacer pruebas con nosotros. Sin comentarios, la noticia lo dice todo y habla por sí misma.

Se me olvidan las cosas más básicas, cada día noto la pérdida de memoria y eso me preocupa muchísimo. Si teniendo plenas capacidades lo pasas mal, con pérdida de memoria no quiero ni imaginármelo.

Por todo ello ahora que aún puedo, os doy las gracias a todas/os los que habéis estado a mi lado estos largos años de injusticia y, sobre todo, desde que me detectaron este maléfico cáncer que hace que no levante cabeza, no os podéis ni imaginar lo que es tener esta enfermedad estando privada de libertad, sin los cuidados más básicos y con las carencias, no tan solo alimentarias, sino las más necesarias: las afectivas.

De nuevo gtracias a todas/os y os deseo de todo corazón mucha suerte, y que la tengáis para que a estos que se supone que deben defender a los débiles, no se les crucen los cables y, por odio, venganza o rencor, vayan a por vosotras/os.

Miles de besos, un fuerte abrazo solidario y todos mis mejores deseos para que no os veáis NUNCA, perseguidas/os por la justicia.

Con todo mi cariño, vuestra madre, hija, compañera, amiga. Un millón de gracias por todo y no os rindáis NUNCA

Carmen Badía.

P.D. Pensad en Nelson Mandela, yo lo hago a veces, 30 años encarcelado, 30 años, toda una vida. Yo llevo 14 años, 14 años defendiendo mi inocencia y aquí estoy esperando. Esperando. Mandela, al menos, estuvo por sus convicciones y por defender los derechos de Sudáfrica, pero yo ¿qué hago aquí? Decídmelo vosotros porque yo no encuentro respuesta.»

Durante todo este año en la prisión de Zuera (igual que ya lo hizo en las prisiones donde estuvo antes), Carmen no ha parado de luchar por su dignidad y su libertad.

Desde C.A.M.P.A. (Colectivo de apoyo a presas de Aragón), el Grup de Suport a Presxs de Lleida  y  Lxs del Norte (Palencia) denunciamos que esta situación no es un hecho aislado sino una de las muchas situaciones intolerables que ocurren en todas las prisiones y regímenes penitenciarios del Estado Español. Porque las prisiones no obedecen a políticas de reinserción o reeducación, sino a mecanismos organizados que siguen lógicas de destrucción, de castigo, de miedo y, en último término, de muerte.

Permitir este tipo de situaciones y, en general, el funcionamiento del sistema penitenciario es mantener el orden establecido y el desequilibrio social y económico que selecciona cruelmente qué vidas valen la pena y cuáles no. Al mismo tiempo que pone en marcha todo un entramado institucional y social que castiga y excluye a aquellos/as que quieren subvertir este orden a través de la teoría y la acción que utilizan

Por todos estos motivos, C.A.M.P.A., el Grup de Suport a Presxs de Lleida y Lxs del Norte (Palencia) pedimos a Instituciones Penitenciarias la excarcelación de Carmen Badía Lachos por motivos humanitarios.

Esta petición está firmada por:

ORGANIZACIONES:

  1. C.A.M.P.A. (Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón)
  2. Grup de Suport a Presxs de Lleida
  3. Lxs del Norte
  4. APDHA (ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCÍA)
  5. ALAZ (ASOCIACION LIBRE ABOGADAS ZARAGOZA)
  6. ADAP (Asociación de Ayuda a Personas Presas)
  7. Bielas Salvajes
  8. Bidez Bide
  9. Nociones Comunes Zaragoza (Asociación Laboratorio del Buen Conocer)
  10. Anticapitalistas Aragón
  11. Ateneu Libertari de Reus
  12. Ateneu llibertari Alomà
  13. Ateneu Llibertari de Viladecans
  14. Ateneu Cooperatiu la Baula Lleida
  15. Asamblea Antirracista 12N ZGZ
  16. Colectivo Febrero Feminista
  17. Colectivo Rudas
  18. Colectivo Feminista Java
  19. Derechos Civiles 15M Zaragoza
  20. Desmontando a la Pili S.Coop
  21. Towanda (Colectivo por la diversidad afectivo-sexual)
  22. CGT
  23. Bajo Aragón Feminista 
  24. OSPDH (Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (Universidad de Barcelona)
  25. Baturkana
  26. Salhaketa-Nafarroa
  27. Salhaketa-Araba
  28. Asociación Vecinal de la Madalena Calle y Libertad
  29. SIRECOVI (Sistema de Registro y Comunicación para la protección de víctimas de Violencia Institucional. Universidad de Barcelona)
  30. Proyecto “Sieso de Jaca”
  31. GEISPE (Red Internacional de Género y Sistema Penal)
  32. AVV MONTES DE TORRERO-VENECIA
  33. SinRejas. Red de Investigación sobre Mujeres y Cárceles s 
  34. Grupo Anticarcelario “La Corda”
  35. Distribuidora Anticarcelaria “La Polilla”
  36. Asociación Cultural el Cantero de Torrero
  37. Briega (Contrainformación de Cantabria)
  38. Acció Llibertària de Sants
  39. HENAS
  40. Solidarios de La Sanidad
  41. Anarquismos
  42. CNT-AIT Granada
  43. CNT Teruel
  44. CNT-AIT Tarragona
  45. Asamblea AnarcoFeminista Zaragoza
  46. Irídia, Centro por la Defensa de los Derechos Humanos
  47. Coordinadora Anti Represión Región de Murcia
  48. Euskal Herriko Antifaxista Taldea
  49. Apoyo Mutuo Aragón
  50. Tokata (Boletín de difusión, debate y lucha social)
  51. Grup de Suport a Persones Preses València
  52. Asociación Cultural Lo Que Somos
  53. GATAZKA ATENEOA (Ateneo obrero de Sakana)
  1. C.A.M.P.A. (Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón)
  2. Grup de Suport a Presxs de Lleida
  3. Lxs del Norte
  4. APDHA (ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCÍA)
  5. ALAZ (ASOCIACION LIBRE ABOGADAS ZARAGOZA)
  6. ADAP (Asociación de Ayuda a Personas Presas)
  7. Bielas Salvajes
  8. Bidez Bide
  9. Nociones Comunes Zaragoza (Asociación Laboratorio del Buen Conocer)
  10. Anticapitalistas Aragón
  11. Ateneu Libertari de Reus
  12. Ateneu llibertari Alomà
  13. Ateneu Llibertari de Viladecans
  14. Ateneu Cooperatiu la Baula Lleida
  15. Asamblea Antirracista 12N ZGZ
  16. Colectivo Febrero Feminista
  17. Colectivo Rudas
  18. Colectivo Feminista Java
  19. Derechos Civiles 15M Zaragoza
  20. Desmontando a la Pili S.Coop
  21. Towanda (Colectivo por la diversidad afectivo-sexual)
  22. CGT
  23. Bajo Aragón Feminista 
  24. OSPDH (Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (Universidad de Barcelona)
  25. Baturkana
  26. Salhaketa-Nafarroa
  27. Salhaketa-Araba
  28. Asociación Vecinal de la Madalena Calle y Libertad
  29. SIRECOVI (Sistema de Registro y Comunicación para la protección de víctimas de Violencia Institucional. Universidad de Barcelona)
  30. Proyecto “Sieso de Jaca”
  31. GEISPE (Red Internacional de Género y Sistema Penal)
  32. AVV MONTES DE TORRERO-VENECIA
  33. SinRejas. Red de Investigación sobre Mujeres y Cárceles s 
  34. Grupo Anticarcelario “La Corda”
  35. Distribuidora Anticarcelaria “La Polilla”
  36. Asociación Cultural el Cantero de Torrero
  37. Briega (Contrainformación de Cantabria)
  38. Acció Llibertària de Sants
  39. HENAS
  40. Solidarios de La Sanidad
  41. Anarquismos
  42. CNT-AIT Granada
  43. CNT Teruel
  44. CNT-AIT Tarragona
  45. Asamblea AnarcoFeminista Zaragoza
  46. Irídia, Centro por la Defensa de los Derechos Humanos
  47. Coordinadora Anti Represión Región de Murcia
  48. Euskal Herriko Antifaxista Taldea
  49. Apoyo Mutuo Aragón
  50. Tokata (Boletín de difusión, debate y lucha social)
  51. Grup de Suport a Persones Preses València
  52. Asociación Cultural Lo Que Somos
  53. GATAZKA ATENEOA (Ateneo obrero de Sakana)
  54. Intersindical de Aragón
  55. Zapateneo Kultur Elkartea
  56. CSA A Cova dos Ratos (Vigo, Pontevedra)
  57. Afinidades Anticapitalistas
  58. Colectivo As Ghatas Salvaxes

INDIVIDUALIDADES:

  1. Acacio Puig Mediavilla
  2. Adelaida Artigado
  3. Adrià Sumalla Atienza
  4. Adrián Zarco Santiveri
  5. Aida Andrés
  6. Aida Escarré
  7. Aina Ballesteros Esteller
  8. Ainhoa Jiménez Berbés
  9. Aitor Iago Iglesias Pérez
  10. Aitor Otazu Arroniz
  11. Albert Sabaté Altisent
  12. Alberto Pérez Pérez
  13. Alejandra Martínez Martín
  14. Alejandro Forero (OSPDH – UB)
  15. Alejandro López
  16. Alfonso Iglesias Iglesias
  17. Alicia Raquel Villoldo Casati
  18. Alvar Chalmeta Alonso
  19. Álvaro Tavira Ortiz
  20. Amaia Izko Aramendia
  21. Amir Maarouf Prieto
  22. Anastasia Vafeiado
  23. Ana Ballesteros Pena (Investigadora)
  24. Ana Domezain Granados
  25. Ana Elizabeth Moreira López
  26. Ana Gutierrez Vargas
  27. Ana Lacalle
  28. Ana López Cano
  29. Ana Pola Muñoz
  30. Ana Rancaño Liz
  31. Ana Rojas Alonso
  32. Ana Sagredo Navarro
  33. Ana Sebastián Gascón (ALAZ – Asociación Libre de Abogadas y abogados de Zaragoza)
  34. Anna Morant Trinta
  35. Andrada Georgiana Vlassa
  36. Andrea Marín Arevalo
  37. Andres García Berrio (Irídia, Centro por la Defensa de los Derechos Humanos)
  38. Andres Luca Lopez
  39. Andres Martínez González
  40. Miguel Santamaria Planas (Ateneu Llibertari Alomà)          
  41. Amaya Sanz
  42. Amaia de Miguel
  43. Amaia Urizar
  44. Andrea Couso
  45. Ángel Serrano Hernán
  46. Antoni Martínez Gómez
  47. Antonio Sánchez
  48. Alba García
  49. Alba Gómez Alcaraz
  50. Alana García Ferreras
  51. Alejandra Rodríguez iglesias (GIP)
  52. Alexander Motis Noriega
  53. Alicia Herrero Royo
  54. Alberto Membibre
  55. Alfredo Ortega López
  56. Alicia Alonso Merino (OVIC)
  57. Alicia Fortacin Otin
  58. Alicia Gascón Sangüesa
  59. Alonso Agüera Mora
  60. Altamira Guelbenzu (ALAZ)
  61. Amparo Rubio López
  62. Àngela Jover Fernandez
  63. Arantxa Alcay Morandeira
  64. Arantxa Calvo Alava
  65. Arantxa Gorriz García
  66. Ariadna Izquierdo Manzaneque
  67. Argentina Gómez Guisande
  68. Artai Fontaíña Troitiño
  69. Ascensión Martin Morón
  70. Aurelio Contreras Marijuán
  71. Aurora Cayetano Navarro
  72. Bárbara V. B.
  73. Beatriz Valls
  74. Belén Macías
  75. Belén Pérez Comesaña
  76. Begoña Romero Gil
  77. Begoña Martínez Redondo
  78. Camila Correa Pacheco
  79. Candela Llop Asensio
  80. Carles Vélez
  81. Carlos Curiel Barcenilla
  82. Carlos Guerrero Munita
  83. Carlos Pérez Martín
  84. Carlota Arquillue Cuenca
  85. Carlota de Abajo Aragón
  86. Carmen Alonso Alocén
  87. Carmen Monedero Perez
  88. Carmen Navarro Bueno (Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad – WILPF)
  89. Carmen Pérez
  90. Carmen Fernández Fernández (Abierto Hasta el Amanecer)
  91. Carmen Sánchez Arenaz
  92. Carmen Trigueros
  93. Carmen Valverde Valverde
  94. Carolina Bolaños Torres
  95. Carolina Santamaría Planas (Febrero Feminista)
  96. Carolina Inza Henry
  97. Caro Novella (Oncogrrrls)
  98. Caterina Listerri
  99. Celia Muro Pablo
  100. Celia Hoyos Téllez (Sieso de Jaca)
  101. Celia Polo Ruiz
  102. Chema Marzo Paricio
  103. Chiara Di Nolfo
  104. Christina Castaño Aguilera
  105. Chuse Miguel Vicente Ibáñez
  106. Cintia Valiente Bermejo
  107. Claudia Aguirán
  108. Claudia Castillo Silva
  109. Claudia Campi Badia
  110. Concha Pérez real
  111. Constanza Garabatos Funes
  112. Cristina Clemente Martinez
  113. Cristina Robles Millan
  114. Cristina Gares Calabuig (SIRECOVI)
  115. Cristina Santiago Sánchez
  116. Cristina Sarregui Álvarez (Inspire)
  117. Daniel Bermejo Herrero
  118. Daniel Bernad Quesada
  119. Daniel Borrego
  120. Daniel Manrique Borraz
  121. Daniel Martínez Guevara (Akelharre)
  122. Daniel Perez Creus (ONG Africando)
  123. Daniel Pont Martin (Expreso social-COPEL)
  124. Darío García Coto
  125. David Arahuete Escalera
  126. David Carbó Argibay
  127. David Carrasco
  128. David Llorens
  129. David Rocañín Pueyo
  130. Devi Rubí
  131. Diana Rubio Lagunas
  132. Diana Reig i Baiget
  133. Diego Mainz Benito
  134. Diego Relaño Castillo (Podemos)
  135. Diego Santín Montero
  136. Didac Curco Iranzo
  137. Didac Segura Pérez
  138. Dolores Sánchez Jiménez
  139. Dominica Rodríguez Langa
  140. Eduard Aliod
  141. Eduard Baeza Pérez
  142. Encarnación Juliá García (Cieza núcleo confederal CNT-AIT Albacete)
  143. Elena Pereiro Francés
  144. Elena Torres
  145. Eli romera
  146. Elias Dasca Beltran
  147. Elisa Bueno
  148. Elisabet Almeda (Investigadora, escritora y colaboradora en la red GEISPE)
  149. Elisabet Vilella
  150. Eliza Paula Ardelean
  151. Elsa Navarra Argueta
  152. Elvira Siurana Zaragoza (Comitès de Defensa de la República)
  153. Emma Nuñez
  154. Emilio Molinos Guillo
  155. Elena López Juanes (Tokata)
  156. Elena Martínez Delga
  157. Elisenda Ramos Bota (Festes Feministes Sant Andreu)
  158. Eloi Burgués Roa
  159. Elvira González Rodríguez
  160. Erika Sanz Méliz (Diputada de las Cortes de Aragón)
  161. Euskal Herriko Antifaxista Taldea (Sare Antifaxista)
  162. Estefanía Serrano Lecumberri
  163. Ernest Vernis Salip
  164. Esteban Valenzuela García
  165. Estibaliz de Miguel Calvo (Profesora en la Universidad del País Vasco. y colaboradora en la red Sin Rejas)
  166. Esther González Debén
  167. Esther Moreno López
  168. Eva Pérez de Zuñiga
  169. Eve Rotllan Alsina (Acció Llibertària de Sants)
  170. Fany Ordoñez rivera
  171. Federico Javier Ibañez Salgado
  172. Félix Cervantes Alarcón
  173. Fernàndez i Lamelas (ADL Barceloneta. L’Assemblea per la Defensa de les Llibertats del barri de la Barceloneta)
  174. Fernando Val
  175. Fernando Arenas Gabarre
  176. Fran Pedrajas Pérez (Podemos Zaragoza. Activista y defensor de derechos humanos)
  177. Francesc Regàs Font
  178. Francisco Javier Ruiz de Arcaute Graciano
  179. Francisco José Martinez rodriguez
  180. Francisco Jesús Rodríguez
  181. Francisco Fernández García
  182. Francisco Rodríguez García
  183. Francisco Fenor Garres
  184. Gema Matilde García Gil
  185. Gemma Solé Coma
  186. Gerard Panadés Salvia (Ateneu Cooperatiu la Baula)
  187. Giannina Castañeda Altez
  188. Gonzalo Tejerina Lobo
  189. Gorka Monasterio Sobako
  190. Garazi Eizagirre Agoues (Zarauzko sare feminista)  
  191. Gloria prieto Buendía
  192. Gloria Albericio Fenollosa
  193. Gloria Gautam Blanco
  194. Gloria Rosales Troyano
  195. Guacimara Cepeda Ramírez
  196. Guille Urreta Iaquinandi
  197. Gustavo Burne Simon
  198. Haizea Gutiérrez Danese
  199. Héctor Maurel Botella (Death Row)
  200. Helena Estalella Rromero (Clivella – Col·lectiu de suport a persones preses. Can Batlló)
  201. Helena Millán Mainar (Títeres de la tía Elena)
  202. Helena Segado Bou
  203. Hugo Barboza (Activistas Unidxs)
  204. Ibán Alvarez Requejo Fernández
  205. Ibai Gordo Gutiérrez
  206. Idoia Saiz Lasheras (CGT)
  207. Iker González Izagirre (Periodista)
  208. Íñigo Olóriz Soria
  209. Itxaso Cabrera Gil (Podemos)
  210. Ignacio González Sánchez (Universitat de Girona)
  211. Igor Pérez López
  212. Inés Moreno Colmenero (IMC)
  213. Inma Martín
  214. Inmaculada Márquez Pérez
  215. Iñaki Rivera Beiras (Director de OSPDH, SIRECOVI y de la revista científica ‘Crítica Penal y Poder’ en la UB)
  216. Irene Alonso Vara
  217. Irene Expósito Barea
  218. Irene Germán
  219. Irene garcia varela
  220. Iria Aboal Díaz
  221. Iria Terreu Pla
  222. Isabel Meléndez Ortega
  223. Isabel Rodríguez Paz
  224. Isabel Valero Lázaro
  225. Ioseba lasterra
  226. Ixone Fernández Bustillo (Expresa y Educadora Social)
  227. Itziar Martínez de Apellániz
  228. Iván Pacheco Encuentra
  229. Jacinto Martinez Ródenas
  230. Jaime Mascarell Martínez (Coordinadora Obrera Sindical)
  231. Javier Arjona
  232. Javier García Cerro
  233. Javier Herrador arranz
  234. Javier Lamoso Iglesias
  235. Javier Ramilo Vela
  236. Javier Rosa Serrano
  237. Javier Sánchez Núñez
  238. Javier Sanz Bermejo
  239. Javier Zabalza Martínez
  240. Jenny Cubells Serra (Grupo de investigación del Poder el Género y la Subjetividad)
  241. Jessica Rodríguez Rodríguez
  242. Jesús Estremera i Mas
  243. Jesus Herrador Pouso
  244. Jiménez Sánchez
  245. José Alberto Espiñeira Datas
  246. Joaquín González Picado
  247. Joaquim Ortin
  248. Joel Zamora Lacasa
  249. Jofre Ferriols Molist
  250. Jon Chivite Azcona
  251. Jon Igartua Mendizabal
  252. Jordi Josep Roca Pujol
  253. Jordi M.M
  254. Jordi Prenafeta
  255. Jorge Marroyo Laso
  256. Jose Alberto Ortiz Casado
  257. José Antonio Esteban Aviñó
  258. José Antonio López Martínez
  259. José Casero Sánchez
  260. José Ignacio Sancho Gutiérrez
  261. José Luis Castro Díaz
  262. José Luis Ibáñez Sierra
  263. Josemari Lorenzo Espinosa
  264. José Molina Ortega
  265. José Pablo Fernandez Fernandez
  266. Jose Ramón de Juanas Berlinches
  267. José Ramon Pérez Perea
  268. José Ramón Turlán Barambio
  269. Josep Rafael Princep Lopera
  270. Josep Ramon Rojo de Almagro
  271. Josefa Carrión Mulero
  272. Josefa Blanch
  273. Josep Palomar Sànchez
  274. Juan Carlos Esteban Benito
  275. Juan Karmelo Peréz García
  276. Juan Celaya Aranda
  277. Juan Lorenzo Lacruz (Unizar)
  278. Juan José Quiñones Chacón (Anarcosindicalista)
  279. Juan Manuel González García
  280. Juan Fernando Giner Milvaques
  281. Juan Fernando Giner Milvaques
  282. Jule Sáez Gallarzagoitia
  283. Julia Velasco San Román
  284. Julia Roldan Cano
  285. Julia Fustero
  286. Julia Peromarta Loriente
  287. Julia Preda
  288. Julia Roldan Cano
  289. Julian Maximiliano Ereñu
  290. Julio Artés de las Heras+
  291. June San Millán (Salhaketa Nafarroa)
  292. Jutxualta Vallina Anguiano
  293. Karmelo Barkín Alvarez
  294. Katherine Marlene Aguilera Feeley
  295. Laia Casanellas
  296. Laia Creus
  297. Laia Mateu Mercadé
  298. Laudelino Iglesias Martínez
  299. Laura Gabriela Luna Camaroni
  300. Laura Insua Baron
  301. Laura Morate Torres
  302. Laura Ogallar Casals
  303. Laura Sanchez Martinez
  304. Laura Sanchez Radua
  305. Laura Solves
  306. Lau Tortajada
  307. Laura Valcarcel Bugarin
  308. Lara Fernando Aznar
  309. Leire Alcalá Aramendia (Salhaketa)
  310. Leticia Romero
  311. Leticia Gonzalez Peinado (Stop Represión Málaga)
  312. Libertad Francés Lecumberri
  313. Lidiana Pérez Martínez
  314. Lluís Carceller i Rus
  315. Lorena Alemán Aróstegui (Salhaketa Nafarroa)
  316. Lorena Guerrero Jimenez
  317. Lucas Basoalto Patruno
  318. Lucía Bárcena Berzosa
  319. Luis Andreu
  320. Luis García Vesperinas (Biblioteca Anarquista María Rius)
  321. Luis Javier Barredo Sevillano
  322. Luis López Noval
  323. Luisa Lahoz Folguera (8M Zaragoza)
  324. Lucia Torres Nasti
  325. Luna Castillo Valles
  326. Lurdes Orellana Cubiles (Desmonando a la Pili S.Coop)      
  327. Lydia Gomez Ferrer
  328. Magda Pujol Llauradó
  329. Mai Daou
  330. Maje Martínez Soto
  331. Manolo Ruíz Peralta
  332. Manuel A Hernando Susín
  333. Manuel Gómez
  334. Manuel Poncela
  335. Manuel Martínez Santiago (expreso social-COPEL)
  336. Marcos Cuesta Peralta
  337. Marcos Fernández Miguel
  338. Marga Valero Echeverría
  339. Mari Carmen Sánchez Pizarro
  340. María Carmen Raso Périz
  341. María Añover López
  342. María B. B.
  343. María del Carmen Lafuente García
  344. María del Carmen López Miguel
  345. Mªdel Pilar Silva Alonso
  346. Maria Duran Gurnsey (Maria Ferotge)
  347. Maria Fuster Lahiguera
  348. María Galán López
  349. María Garnés Franco
  350. María Gómez Jové
  351. María Jesús Blázquez Martín
  352. María Jesús García Muro
  353. Maria Jesus Gomez
  354. María José Conesa Hernandez
  355. María José Paris García
  356. María Isabel Vidal Sánchez
  357. María Almudena García Erdociaín
  358. Maria Angeles Novella Navarro
  359. María Esther Troncoso Blanco
  360. María Fuster Lahiguera
  361. María Pardillos
  362. María Samperio Zorraquino
  363. María del Mar Castejón Magaña
  364. María Jesús Castejón Moreno
  365. María Martín Leal
  366. María Martínez Mena Provencio
  367. María Pérez de Larraya Jiménez
  368. María Ruiz Torrado (Antropóloga y doctora en Estudios Feministas y de Género (UPV/EHU)
  369. Mariana Bardavio Herrero
  370. Mariana González
  371. Maribel Martínez Oliván
  372. Marimar Agullo Blancazo (Towanda)
  373. Marina Palau
  374. Marta Lahoz Rivas
  375. Martha Mackay
  376. Martín Ubeira Acuña
  377. Martin Rodriguez Iglesias
  378. Maite Intxausti Ezeiza
  379. Melanie Aliaga Lavrijsen (Editorial fanzines: Amor de Primas)
  380. Mer Cruz Ventura (Bielas Salvajes)
  381. Miguel Gómez de Caso Fuentetaja
  382. Mireia Bares Badia
  383. Miren Arantzazu Oscoz Marcilla
  384. Miren Micheltorena Oscariz
  385. Miguel Fernández Fernández
  386. Miguel Rodríguez Carrión
  387. Miguel Santamaria
  388. Miguel Santamaria Planas
  389. Mohamed lahsen laarbi
  390. Mónica Agüera
  391. Mònica Albar Pascual
  392. Mónica Andrés Roca
  393. Mónica Montero Müller
  394. Mónica Marginet Flinch
  395. Monte blanch sanchez
  396. Montserrat Puig Andreu
  397. Montse Ponz Espallargas
  398. Monse Gaja Colomer
  399. Myriam Carbonel Alba
  400. Nadia Kayati Otal
  401. Naia Rosa Bengoa
  402. Nagore Laguardia
  403. Nasi Portet Bastida
  404. Natalia Lma   
  405. Natàlia Sala Cobos
  406. Nazariy Kazyuta
  407. Nerea Altxu Marques (Revista Sorgiñak)
  408. Nerea Hernández Anglada
  409. Nerea Mallo Nevado
  410. Nil Saló Flaqué
  411. Noé Guerra Barbero
  412. Noelia Acedo Saenz
  413. Noelia Blesa Cerralbo (Rizoma Tejalema)
  414. Noelia Bribián Giner
  415. Nuria Allue Gómez
  416. Nuria Antón
  417. Nuria Márquez Munte (Estudiante de Integración Social)
  418. Olaf Galán González
  419. Olga Montañés Viloria
  420. Oliver Durán Mosquera
  421. Olvido Garrido (Coordinadora Anti Represión Región de Murcia)
  422. Oscar Diego Izquierdo (Educador social)
  423. Óscar Zelada Zamudio
  424. Oriol Puy Subirada
  425. Oscar Revilla Alguacil
  426. Pablo Fuentes Andreu
  427. Pablo belchí martínez
  428. Pablo Hijar Bayarte (Concejal Ayuntamiento Zaragoza – ZEC)
  429. Pablo Rochela (Anticapitalistas Aragón)
  430. Pablo Rosario Martín Pablo
  431. Pablo Lópiz Cantó (Profesor en la Universidad de Zaragoza)
  432. Pablo Zamora Muñoz
  433. Patri Méndez del Valle
  434. Patricia de Inés Sutil
  435. Pakita V. Cortés Nicolás
  436. Pau Compte Tarres
  437. Paula Ibáñez Camprodon
  438. Paula Lago Pereira
  439. Pilar Vaquero (Podemos Zaragoza)
  440. Patricia Jaurena
  441. Patricia Horcas Durnes
  442. Patricia Del Moral
  443. Paz Blázquez Franco
  444. Pedro Briongos Oyonarte
  445. Pere Timoner Lledó
  446. Queralt Orri i Carreras
  447. Quim Lucha Marimón
  448. Ramón Piqué (Associació Memòria contraatortura)
  449. Raquel Solleiro Vaamonde
  450. Raúl Menor MArtínez
  451. Raul Montes Trincado (Penitencia, documental)
  452. Rebeca Faro Pena
  453. Reyes Solano Curbera
  454. Robert Holt
  455. Roberto Seral Marcén
  456. Roc Macias Solés
  457. Rocío Durán Hermosilla (Arainfo)
  458. Rocío Domingo Pérez
  459. Roma De las Heras Gómez
  460. Rosario Gallego Valdenebro
  461. Rosalía Quiroga Trasorras
  462. Roser Puig
  463. Rubén González Hernández
  464. Rubén Magdaleno Ochoa
  465. Sabina Alonso Monedero
  466. Sandra Pérez Cea
  467. Sara Anciso Vidal
  468. Shantideva Perez Fontanillas
  469. Sabrina Horsky
  470. Sandra Cañabate Vives
  471. Samara Moreno Gómez
  472. Sara Acero Rodríguez
  473. Sara Agud Albesa
  474. Sara Cinca Segraoui (Proyecto Sieso de Jaca)
  475. Sara Mostafa Shaalan
  476. Sara Reboredo Dafonte
  477. Saray Pérez García
  478. Seila Hernández Marín
  479. Sergio HB (Volapük Ediciones)
  480. Sergio Iglesias de la Iglesia
  481. Silvia Helena Pérez
  482. Silvia Rodríguez Cánovas
  483. Silvia Trasobares Mené
  484. Silvia Ortega Díaz
  485. Simón Castillo Lindell (Zambra Málaga)
  486. Sisco García (Ateneu Cooperatiu la Baula Lleida)
  487. Sofia Diaz Gotor
  488. Sonia Cristina Dávila Alejo
  489. Sonia Lanuza
  490. Sonia Sanz Acera (Mujeres por la Formación y el Autoempleo)
  491. Sonia Vázquez Pérez (HENAS)
  492. Soraya Arín Perez
  493. Susan Quignon
  494. Susana Cañete de Cárdenas Mateo (Miembro del movimiento feminista de Iruñeac)
  495. Susana Ortega Diaz
  496. Susana Vidorreta Saiz
  497. Talia Porras Hernández
  498. Teresa Vega Allende
  499. Thais Alonso Beleña
  500.  Tina Navarro Plazas
  501. Tomás González del Olmo
  502. Txistu Jesús Herrador Pouso
  503. Unai Sáez Larrauli
  504. Ur Rezabal Unanue
  505. Urko Zabaleta Delicado
  506. Vanesa Anaya Fairley
  507. Vicente Iranzo Fernández
  508. Vicent Rubio Ribera
  509. Violeta Fatás Labarta
  510. Xabier Agirre
  511. Xandra Táboas Martínez
  512. Xavier Bayle García
  513. Xavier Serra Cumane (CGT)
  514. Xayide García Cáceres
  515. Yaiza Comesaña
  516. Yanina Guerrero Matamala
  517. Yolanda Varas Vidal
  518. Yurena Cano Vidal

NOTA DE PRENSA Y COMUNICADO II

28 de marzo del 2019

A CARMEN BADÍA LA ESTÁN MATANDO

Como ya venimos anunciando desde el 11 de marzo de 2019, Carmen Badía ha iniciado una huelga de hambre indefinida como último recurso para pedir su excarcelación por enfermedad grave. A día de hoy, Carmen lleva 18 días en huelga y, al margen de la repercusión en los medios y el apoyo mostrado (son ya 48 organizaciones y casi 400 personas particulares las adheridas a la petición de excarcelación), la situación de Carmen está empeorando cada segundo. A nivel físico: ha pasado de 64 a 56 kg, tiene muchos dolores de cabeza, de piernas y riñones. Y las únicas revisiones que le han hecho las ATS (no ha ido ningún médico/a desde el primer día) son medir el azúcar y la tensión y un único análisis de orina en el que ha salido sangre. De la misma forma, su situación tampoco mejora respecto a las concesiones en el régimen Penitenciario. Le han denegado, una vez más, la petición de un permiso (Carmen no ha disfrutado de un permiso en los 14 años que lleva presa), así como también ha pasado por Junta en relación a la clasificación de grado y continúa estando clasificada en segundo grado y como centro de destino la cárcel de Zuera. Finalmente, Carmen ha tenido que notificar formalmente mediante una instancia que está en huelga de hambre para intentar conseguir recibir el apoyo sanitario correspondiente, lo que, entendemos, es una medida de chantaje a cambio de que la vuelva a visitar el médico/a. Sin embargo, pese a ello, sigue sin tener el apoyo correspondiente que le suprimieron en diciembre (apoyo de otras mujeres presas). Recordamos que Carmen, debido a su frágil estado de salud, necesita una silla de ruedas para realizar cualquiera de las actividades cotidianas que exijan desplazamiento. Lo que hace que le resulte prácticamente imposible salir de su celda sin ayuda y más aún, en su situación actual. Apenas tiene fuerza para ducharse sola. Carmen sigue en absoluto abandono médico y humano sin que ninguna institución de nuestro gobierno mueva un dedo para remediar esta intolerable situación. Actualmente el hecho de haber “formalizado” su declaración de huelga de hambre, hace que se haya abierto un procedimiento judicial al respecto cuyo protocolo a seguir es que se pueda acordar obligar a alimentar a Carmen en contra de su voluntad, haciendo que termine forzosamente así la huelga, y poniendo fin a su único medio de reivindicar su excarcelación por enfermedad grave.

La condena de Carmen, a sus 62 años, es una condena a muerte. Y es justamente eso lo que está poniendo en juego mediante esta huelga, porque ya no queda alternativa, porque la única resistencia posible es allí dentro es con el propio cuerpo, con su propia vida. Esta no es una petición de solidaridad, no es una queja contra el sistema penitenciario, es la exigencia de su derecho a la vida, porque a Carmen la están dejando morir, o lo que es lo mismo, la están matando.

Trasladamos aquí el último comunicado de Carmen con fecha de 20 de marzo:

«Estoy aguantando la huelga, no como nada en absoluto.

Me siento débil, sobre todo los huesos y todas las articulaciones me duelen, especialmente las rodillas. Puedo dormir 6 horas a la noche. Por el día sigo sola y sin apoyo.

Empecé la huelga de hambre el día 11 de marzo, así se lo comuniqué al Educador, a las Asistentas, Psicólogas…pero hasta que no entregué la instancia firmada el día 18 de marzo, comunicando formalmente a la cárcel que estaba haciendo huelga, nadie se ha vuelto a interesar.

El día 11 pesaba 64,9 kg, el día 18 pesaba 59,8 kg y el día 20, 58,5 kg.

Muchas gracias a todas las personas que me escriben.

Muchas gracias de todo corazón. Gora las personas vascas que no paran de escribirme, sobre todo Viva Vitoria.

Gracias a lxs Gallegxs también. Recibo cartas de todas España, incluso del extranjero.

Gracias por el ánimo y apoyo de estos difíciles momentos. Vosotrxs sois la adrenalina que me ayuda a mantenerme en mis principios.

Esta lucha la llevaré hasta el final.

Muerte o victoria.»

Carmen Badía


Por todos estos motivos, C.A.M.P.A., el Grup de Suport a Presxs de Lleida y Lxs del Norte (Palencia) pedimos a Instituciones Penitenciarias la excarcelación de Carmen Badía Lachos por enfermedad grave y por motivos humanitarios.


APOYA Y DIFUNDE:

  • Mediante la adhesión a la petición de excarcelación de Carmen Badía firmando como colectivo o grupo en el formulario al inicio de esta página.
  • Difundiendo el comunicado, los carteles para pegar o hacer octavillas, la nota de prensa o las noticias que salgan en relación a ello, utilizando los hashtags: #ExcarcelacionCarmenBadia #LaCarcelMata
  • Escribiendo, llamando o mandando faxes para mostrar apoyo en las siguiente direcciones y teléfonos:
  •   ∗ Para escribir a Carmen Badía:

    Carmen Badía Lachos
    Centro Penitenciario de Zuera
    Autovía A-23, km 328
    50800 Zuera (Zaragoza)
    Teléfono de C.P. Zuera: 976698400     Fáx: 976698458


        ∗ Para llamar a las oficinas centrales de Instituciones Penitenciarias (IIPP), podéis hacerlo en el siguiente teléfono:

    Teléfono Información General 913354700 
    Fax: 913354052
    Formulario web de contacto de IIPP:Formulario de contacto


        ∗Para escribir a la sede en Madrid de Sanidad Penitenciaria pidiendo la excarcelación de Carmen Badía en la siguiente dirección:

    Carmen Martínez Aznar
    Subdirectora General de Sanidad Penitenciaria.
    C/ Alcalá 38-40
    C.P. 28014 (Madrid)
    Teléfono: 913354845.    Fax :913354992.    Mailsgsp@dgip.mir.es.


    Para carteles y octavillas:


    NOTICIAS EN LOS MEDIOS

    EN PRENSA:

    EN LA RADIO:

    Tokata Y Fuga-16-III-2019 Así mata la máquina social punitiva


    Tokata Y Fuga 9-III-2019. ¡No A La Cadena Perpetua! ¡Excarcelación De Enfermxs Graves!

    Radio Onda Expansiva: Carmen Badía en huelga de hambre

    Radio Abolición

    Radio Irradiando: Hasta que caigan los muros 2. Historia de las prisiones

    Canal Sur Radio – “A Pulso”

    *Para difundir y apoyar utilizar el hashtag: #ExcarcelacionCarmenBadia *


     

    INFORMACIÓN DE INTERÉS

    12 de marzo de 2019

    Publicación del artículo de APDHA en Eldiario.

    MORIR EN LA CÁRCEL SABIÉNDOLO DE ANTEMANO

    Este lunes, 11 de marzo, Carmen Badía Lachos comenzó una huelga de hambre indefinida en la cárcel de Zuera, donde se encuentra presa. Tiene 62 años y padece tres cánceres que la han obligado a someterse a numerosas intervenciones quirúrgicas que, teniendo también en cuenta su edad, han provocado que “su estado de salud sea cada vez más preocupante” según ha podido acreditar el Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas de Aragón (CAMPA) durante su acompañamiento. El objetivo de Carmen es denunciar la desatención médica y el aislamiento que está sufriendo y lograr su excarcelación por razones humanitarias.

    En este sentido, el Código Penal establece dos supuestos para la excarcelación de las personas con enfermedad grave sin necesidad de cumplir requisitos adicionales, ya que estamos ante una libertad que se fundamenta en razones humanitarias. La primera situación que contempla es la de enfermedad muy grave e incurable, que solo requiere del cumplimiento de un tiempo mínimo de condena y de los mismos requisitos de la libertad condicional, es decir, haber disfrutado del tercer grado y tener buena conducta. La segunda es la enfermedad terminal con peligro inminente de muerte, que puede prescindir de los requisitos antes mencionados, aunque es preciso contar con un pronóstico final del centro penitenciario en el que se valoren las circunstancias personales, la dificultad para delinquir en ese estado y la escasa peligrosidad. La diferencia entre ambas situaciones es importante.

    Sin embargo, valorar y definir “riesgos vitales o patentes para la vida”, especificar la terminalidad y establecer pronósticos supone un debate importante, que en todo caso debe afrontarse en términos médicos, y nunca penitenciarios. Este análisis no le corresponde a la Administración penitenciaria y mucho menos hay que limitarlo a criterios de temporalidad. De hecho, las sociedades científicas paliativas han desechado los criterios temporales de la definición de terminalidad, ya que el tiempo estimado de una enfermedad terminal es variable. En la actualidad, en el Estado español es así como se hace y este concepto, a los efectos de libertad condicional, está definido por medio de una instrucción (ni siquiera por una ley).

    La Instrucción 6/2018 sobre el “procedimiento para la emisión de informe médico y tramitación de la suspensión de la pena privativa de libertad por enfermedad muy grave con padecimientos incurables” ha entrado en vigor recientemente, derogando la anterior 4/2017, y suavizando el protocolo contemplado para excarcelar a personas con enfermedad muy grave. En la anterior instrucción, dictada bajo el gobierno del Partido Popular, se daba una concreta definición de “peligro patente para la vida” y se hacía con criterios únicamente temporales. Se definía como “aquella situación en la que el fallecimiento es previsible, con razonable certeza, a muy corto plazo”. El entonces Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, estimó que este plazo debía ser de dos meses.

    Con la nueva instrucción 6/2018, para valorar que existe un peligro patente para la vida, el plazo se flexibiliza y se amplía. Se contempla la posibilidad no solo de un pronóstico terminal como hasta ahora, sino también la posibilidad de un pronóstico desfavorable a corto plazo (de 6 meses a 1 año) o desfavorable a medio plazo (de 1 a 5 años). Y también se va a tener en cuenta la calidad de vida de la persona reclusa (que antes no se tenía) y se incluye en el informe médico preceptivo una escala de diez niveles de calidad de vida (índice de Karnofsky utilizado habitualmente en oncología) que va desde poder hacer “vida normal” hasta “moribundo, pronóstico rápidamente fatal”. Entre ambos extremos se distingue si la persona es dependiente o no, necesita atención médica frecuente o no, etc.

    Reconociendo la mejora que la nueva instrucción implica para la vida de enfermos y enfermas muy graves, desde la APDHA no podemos dejar de reivindicar el derecho que toda persona tiene a una muerte digna y de resaltar que la experiencia vital de padecer una enfermedad grave e incurable, que obligue a vivir con síntomas físicos y psicológicos como dolor, discapacidades y miedo a un fallecimiento precipitado es una de las más duras que podamos imaginar. Un final de vida sin los cuidados ni la atención paliativa adecuada (difícilmente posible en centros penitenciarios) junto con restricciones regimentales añadidas a las que produce la propia enfermedad (soledad, sin apoyo de familiares y amistades) es cruel e indigno. La permanencia en prisión en estas circunstancias en un castigo injustificado y el cumplimiento de la pena en estas condiciones obedece única y estrictamente a fines punitivos. En este sentido, es más que recomendable el análisis que ha realizado la asociación Osabideak sobre esta instrucción.

    A día de hoy se siguen produciendo muertes por enfermedades avanzadas e incurables en las cárceles españolas; muertes que son predecibles y que se producen en un entorno de indignidad absoluto. Personas como Carmen se ven obligadas a hacer una huelga de hambre indefinida para evitar seguir engrosando esta lista. El que esto ocurra al amparo de la Administración debería considerarse un fracaso de nuestra sociedad. No podemos consentir que nadie muera en prisión y, mucho menos, sabiéndolo de antemano.


    14 de marzo de 2019

    Publicación del artículo de la asociación OSABIEADK 

    ALGUNAS CLAVES PARA ENTENDER LO QUE ESTÁ PASANDO CON LAS PERSONAS ENFERMAS EN PRISIÓN

    Los/las profesionales de la salud conocemos lo que supone enfermar gravemente de una enfermedad incurable. Se trata de una experiencia personal y vital de gran impacto y sufrimiento (propio y de nuestro entorno), que nos obliga a vivir con diversos síntomas físicos y psicológicos que van agravándose con el tiempo como dolor, deterioro de funciones corporales e intelectuales, que producen diversas discapacidades y limitaciones, y el miedo-angustia a un fallecimiento precipitado. Sin olvidar que algunas enfermedades, además, mantienen aún un alto grado de estigma social. En estas situaciones de tan alta vulnerabilidad, si no existen las necesarias ayudas o apoyo sanitario y social para mantener mínimos de calidad de vida, así como la protección a la privacidad, la persona puede sentir fácilmente que se degrada su dignidad humana. La ley de autonomía del paciente, la ley de protección de datos, de confidencialidad médica, el código deontológico y las leyes de muerte digna y eutanasia van precisamente encaminadas a proteger la dignidad humana en estas vivencias. En algunos casos, a esta situación vital de tan alta vulnerabilidad y sufrimiento se le añade la privación de libertad en los centros penitenciarios, que deniega la posibilidad de poder estar acompañado/a por los seres queridos, manteniéndoles en un entorno hostil donde, según todos los organismos de derechos humanos, se quiebran más derechos que el derecho a la libertad. Además, en el Estado Español la sanidad penitenciaria depende directamente del Ministerio de Interior y no del Sistema Nacional de Salud (excepto en la Comunidad Autónoma Vasca, Cataluña y próximamente se realizará la transferencia también a la sanidad pública de Navarra) y todo ello en contra de lo que recomiendan la ONU, la OMS y el Consejo de Europa como medida fundamental para propiciar la asistencia sanitaria en equidad y evitar la desasistencia y la discriminación. Y esta situación, nada menos que 15 años después de que se aprobara la ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Una sanidad penitenciaria que, según la propia Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria y la Organización Médica Colegial de España, desasiste, discrimina y vulnera la deontología médica al priorizar intereses regimentales. Una sanidad donde el 30% de las plazas del personal sanitario están vacantes y donde la reducción presupuestaria de los conciertos de asistencia sanitaria entre las CCAA e IIPP en los últimos 8 años ha sido de un 73%. Desgraciadamente el problema no acaba tampoco aquí, porque los/las médicos/as forenses -que son los/las responsables de peritar y realizar informes de las personas enfermas recluidas para valorar las medidas alternativas al encarcelamiento- son dependientes en este caso de la Administración de Justicia. El ejemplo más documentado e ilustrativo del desprestigio profesional en materia de Derechos Humanos que conlleva esta falta de independencia médica de estos médicos forenses se encuentra en el hecho de que sean ya más de 4000 personas, a las que mediante el protocolo de Estambul, se les ha verificado que sufrieron torturas durante la detención gubernativa incomunicada. La revista Forensic Science International publicó 2 artículos evidenciando la mala calidad de los informes forenses de las personas detenidas en España y la ineficacia en la prevención y denuncia de las torturas. En 2016 en la Convención del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las víctimas de la Tortura también quedó en evidencia la labor de los médicos forenses, en concreto de la Audiencia Nacional. La revista The Lancet también publicó un artículo evidenciando la práctica de torturas en España, y las reiteradas condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la ineficaz investigación completan todo este desprestigio en materia de derechos humanos. Estamos empezando a documentar también la mala calidad de algunos informes forenses que permiten y facilitan la permanencia en prisión de personas muy enfermas. Finalmente, a esta falta de independencia y descrédito de la profesión médica forense, se le añade que no existen protocolos consensuados con estándares y criterios sanitarios indubitados, para que se adopten medidas flexibles y alternativas a la privación de libertad. Esta ausencia de protocolos y guías, sobrecarga en exceso el peso de estas decisiones a la formación-conocimiento e implicación del/de la médico/a penitenciario/a y del/ de la forense, que en este caso además no son administrativamente independientes. En toda praxis médica existen guías, protocolos y documentos de consenso, que son básicamente un conjunto de recomendaciones y directrices basados en evidencia científica y redactados por grupos de expertos/as cualificados que orientan la labor individual que realizamos los/las médicos/as, nos ofrecen un marco de actuación para que los apliquemos según nuestros conocimientos médicos con la flexibilidad que exige la individualidad y la variabilidad biológica de cada caso. Este marco nos protege de decisiones no fundamentadas científicamente y reduce la excesiva variabilidad y la arbitrariedad. Pese a que la ley contempla la flexibilización de medidas privativas de libertad e incluso la excarcelación en estos 3 supuestos: Personas mayores de 70 años Personas con enfermedades graves e incurables Personas con peligro patente para la vida Con todos los ingredientes descritos anteriormente y con un Estado que no entiende la enfermedad mental, que no evita la exclusión social, que discrimina a personas migrantes, que no invierte lo suficiente en educación, que no toma decisiones valientes y eficaces en temas como la gestión y la regulación de las drogas, el resultado no podía ser más que el panorama desolador que tenemos. En las cárceles de España fallecen aproximadamente 3 personas a la semana. Y no, no son muertes súbitas o inesperadas de personas aparentemente sanas o sin graves afecciones. La mayoría fallecen por enfermedades, así como por sobredosis y suicidios (la tasa de suicidios se multiplica por 5 en las cárceles). En ningún centro de ingresos de nuestro Sistema de Sanidad serían aceptables tales cifras. Se trata mayoritariamente de muertes previsibles, de personas enfermas graves, sin curación, con peligro patente para la vida, no atendidas debidamente, excluidas socialmente falleciendo olvidadas, con una sanidad penitenciaria y pericial dependiente de administraciones no sanitarias. En este contexto de una medicina penitenciaria debilitada, no formada ni comprometida con los derechos humanos, no independiente ni incluida en un sistema de salud público consolidado y donde los criterios para suavizar las consecuencias de la prisión no gravitan sobre ejes sólidos consensuados sanitarios, técnicos, objetivos, rigurosos, de igualdad y de dignidad humana, seguirá la desasistencia y seguirán falleciendo y suicidándose las personas olvidadas e invisibilizadas. Esta debilidad del sistema sanitario también queda al descubierto cuando en el caso de las personas no olvidadas, de personas visibles o expuestas (las de actualidad mediática) se aprecia que estos criterios sanitarios son demasiado sensibles y vulnerables a vaivenes políticos e ideológicos del momento. Así lo percibe la población cuando es testigo de las excarcelaciones de personas enfermas de alguna manera vinculadas a los gobiernos como políticos o miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La arbitrariedad es el ingrediente principal para que la desconfianza y el descrédito del sistema jurídico y de la sanidad penitenciaria y pericial crezcan. Desde otro ángulo, pero igual de revelador y explícito es, observar, como dependiendo del viento político del momento, cuando un gobierno anuncia la aplicación de medidas de acercamiento o la flexibilización de medidas privativas de libertad a enfermos/as recluidos/as que están recogidas en la propia legislación española y recomendadas en el ámbito internacional (Reglas Mandela de la ONU, Informe Bergeron del Parlamento Europeo o jurisprudencia asentada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) afloran vehementemente las presiones políticas y mediáticas, polemizando las medidas con criterios no sanitarios. O del mismo modo, cuando se vuelve a tornar el viento político y los Gobiernos modifican lo establecido en el código penal vía instrucción, quebrantando el principio de jerarquía normativa y contraviniendo lo recomendado por todos los Organismos de DDHH. Desde una óptica sanitaria, jurídica y de Derechos Humanos resulta bochornoso contemplar cómo según el interés político del momento se aplican o restringen medidas humanitarias, sanitarias y de derechos humanos. A la vez resulta preocupante observar como existe una intención de normalizar y acostumbrarnos a estas prácticas. Mientras las personas excluidas y olvidadas siguen falleciendo invisibilizadas, resulta llamativo observar como las personas conocidas, de actualidad o con las que se polemiza con cuestiones no sanitarias, ponen de manifiesto de forma muy explícita la pugna entre derechos humanos y disputas políticas. A menudo son instrumentos para construir argumentos y justificaciones para refrendar recortes en derechos y emprender sendas regresivas en materia sanitaria y de dignidad humana. Creemos oportuno profundizar y desgranar 2 elementos con relevancia deontológica, legal y sanitaria, y alto precio en derechos sanitarios que por cercanía temporal y geográfica hemos contemplado y que no deben transitar inadvertidas: La confidencialidad médica Hemos querido iniciar este artículo describiendo la situación vital de padecer una enfermedad grave e incurable, para exponer la situación de vulnerabilidad que supone. En este escenario los/las sanitarios/as somos los/las confidentes necesarios/as y, por tanto, estamos obligados a guardar el secreto profesional. El ámbito asistencial necesita ese espacio protegido de confidencialidad y seguridad para garantizar una correcta asistencia y preservar la dignidad de la persona enferma. El tratamiento mediático que se viene realizando de las personas de actualidad mediática enfermas y encarceladas está quebrantando este derecho a nuestro entender de 2 maneras: Por una parte, la sanidad penitenciaria, la administración penitenciaria o la administración de justicia incurren en una ilegalidad grave cuando violan el secreto médico y filtran las enfermedades, diagnósticos o valoraciones médicas de las personas enfermas recluidas a los que se les contempla aplicar medidas flexibles o traslados de centros penitenciarios. Al padecimiento de una enfermedad grave y a la privación de libertad se le suman la sobreexposición pública y la violación del derecho a la intimidad y al secreto médico. Muchos medios de comunicación los han filtrado y esto puede producir graves consecuencias, ya que las personas recluidas pueden dejar de consultar síntomas y afecciones con el fin de evitar la exposición mediática, privándoles de su pleno derecho a la asistencia sanitaria. La filtración y publicación de datos médicos interfiere además en el proceso de asimilación de la información de enfermedades que padecen las personas enfermas. Hacernos conscientes de que padecemos una enfermedad grave e incurable es una experiencia impactante que genera mucho miedo y sufrimiento, a menudo nuestra mente nos protege de tal shock y no podemos asimilar toda la información de golpe. En realidad informar o comunicar enfermedades, riesgos, y pronósticos es un proceso de acompañamiento informativo, en la que vamos informando a medida que la persona afectada nos va solicitando (durante la evolución de la enfermedad) aquella información que es capaz de ir asimilando. El pronóstico se basa en estadísticas (en porcentajes medios) pero existen muchos factores de variabilidad individual y la mayoría de las personas necesitamos afrontar los tratamientos y vivir este periodo con esperanza de poder mejorar, superar las complicaciones y sanarnos lo máximo posible, la publicación en prensa de características tiempos de vida, pronóstico y demás atenta contra este derecho. Esta práctica de filtraciones ha permitido avanzar en esta vulneración al punto de observar con perplejidad que una asociación (no sanitaria) ha solicitado públicamente a la administración penitenciaria el acceso detallado de los diagnósticos y enfermedades que padecen determinados reclusos a los que se ha filtrado en prensa que se plantea aplicarles medidas legales correspondientes o acercamientos a cárceles más cercanas a sus domicilios. Y en esta misma dirección se avanza cuando recientemente también determinados partidos políticos han solicitado a un Gobierno de una comunidad que se compartan datos sanitarios con la policía para facilitar la expulsión de personas migrantes. Urge que la sociedad sanitaria y jurídica recuerde que el derecho a la confidencialidad médica nos asiste independientemente de nuestra condición jurídica, nos ampara el derecho de que sólo sean conocedores de nuestras enfermedades y pronósticos aquellos que nosotros autorizamos, para poder facilitarnos la vivencia del proceso vital e íntimo que nos ha tocado vivir y garantizar el acceso a la óptima atención sin temor a que se difundan datos en nuestro perjuicio. En este contexto de una medicina penitenciaria debilitada y dependiente, se produce otra vulneración de la confidencialidad quizás de una forma más indirecta, pero a nuestro parecer igual de preocupante, cuando algunas personas privadas de libertad gravemente enfermas se han visto obligadas a renunciar a su derecho a la intimidad y confidencialidad para poder denunciar la vulneración de otros de sus derechos (sanitarios y penitenciarios). Esto es algo que en una sociedad sana no debe producirse. Cuando ha de realizarse, la forma de no atentar contra la dignidad de la persona enferma al hacer públicos datos médicos confidenciales es la de realizarlo siempre con su consentimiento, focalizando en la defensa de derechos humanos, como dato indicativo o exponente de la vulneración sanitaria que se denuncia, y con rigor y respeto. Abriendo así el debate sobre la Sanidad Penitenciaria, con el objetivo de construir una sanidad penitenciaria garantista que favorezca finalizar con la revelación pública de datos médicos como denuncia. La temporalidad, terminalidad y los criterios temporales estrictos de esperanza de vida: Si fallecen tantas personas por enfermedades, sobredosis y suicidios es porque de alguna manera, en el ámbito sanitario y jurídico penitenciario y en una parte de la sociedad palpita todavía con fuerza el derecho penal más punitivo del siglo XVIII y la idea, que prevalece el castigo de la pena de cárcel frente al derecho a la salud y a la vida con dignidad; así como la escasa comprensión de las consecuencias de la enfermedad mental y la exclusión social y la débil voluntad rehabilitadora. La ley no exige que un enfermo sea “terminal” para contemplar la excarcelación u otras medidas de flexibilización, pero en este sentido todavía persisten arraigados con fuerza los conceptos de temporalidad y terminalidad, y se hizo muy explícita la intencionalidad punitiva para que determinadas personas con enfermedades muy graves e incurables recluidas salgan únicamente de prisión para fallecer en libertad en el periodo más breve posible; cuando hace unos 5 años se originó una viva polémica por la excarcelación de un enfermo muy grave incurable y con claro y evidente peligro patente para la vida, concretamente un enfermo con cáncer metastásico. Se polemizó con elementos no sanitarios y una asociación no sanitaria llegó a calificar dicha excarcelación como una “traición del Gobierno”, posteriormente consideraron que dos años y medio fue demasiado tiempo para que falleciera en libertad. Esta polémica la avivaron medios de comunicación, persiguiendo, dando a conocer y juzgando la vida que esta persona llevó durante los meses anteriores al fallecimiento. Se interfirió hostilmente en el derecho a afrontar la muerte con dignidad y en la intimidad de un enfermo con cáncer metastásico y se alimentó un sustrato de fondo profundamente antidemocrático: que los criterios sanitarios y de dignidad humana no son los mismos para todas las personas. El caso que mencionamos abarcó tanto espacio en medios de comunicación que se convirtió en anómalo lo que debería ser normal y se naturalizó lo que es aberrante, hasta el punto de ver publicados una especie de escrutinio de los meses que han vivido en libertad determinados enfermos excarcelados por enfermedades graves e incurables alegando que algunos superaron la media de esperanza de vida que se les estimó. Las personas que asistimos a seres humanos con enfermedades graves, avanzadas, incurables y evolutivas sabemos que, aparte de aliviar los síntomas, lo que otorga la dignidad a este periodo de vida es precisamente el poder realizar las actividades vitales que la enfermedad te permite. Pensar que una enfermedad no es grave, avanzada e incurable porque la persona que la sufre puede andar, pasear o comer es no tener conocimiento absoluto de la enfermedad ni de los fallecimientos. Es precisamente lo que pretende proteger la ley de muerte digna: mejorar los cuidados y la atención en una situación de enfermedad grave avanzada y evolutiva, y dar capacidad de decidir el límite personal de la dignidad y el sufrimiento en nuestro proceso vital final. Y es cuatro años más tarde, en mitad de un proceso de excarcelación de otro enfermo grave, avanzado, incurable y evolutivo -concretamente un paciente con SIDA avanzado- cuando se materializa la interpretación de enfermedad muy grave e incurable como enfermedad terminal y agónico, y se aprueba la Instrucción 3/2017 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que, sin ninguna habilitación legal para ello, interpreta peligro patente para la vida como peligro inminente o periodo muy corto de vida (dos meses concretamente, según el Ministro de Interior de entonces), otorgando a los médicos penitenciarios la función de una especie de policía sanitaria. Función médicamente imposible de realizar y deontológicamente muy cuestionable. Peligro patente significa un riesgo de fallecimiento aumentado por enfermedades (por ejemplo enfermedades cardíacas o de los vasos sanguíneos que aumentan las probabilidades de infartos y hemorragias, trastornos mentales graves con elevado riesgo de suicidio, enfermedades que afectan a las defensas ante infecciones graves que pueden ser mortales…) y es un concepto independiente de la temporalidad estricta. Y finalmente ha tenido que enfermar gravemente un alto cargo político del partido que defendía la salida de los enfermos únicamente para fallecer en un periodo muy corto de vida, han salido los miembros de su partido defendiendo que se le apliquen a él las medidas humanitarias que negaban a los demás para que se dé el contexto absurdo e incoherente que anule esta instrucción. Su partido lo ha convertido en rehén de su propia política. Hemos sido testigos nuevamente de un bochornoso tratamiento mediático, filtrándose informes médicos a la prensa y asistiendo a una especie de “juicio popular” catapultando toda la discordancia y el despropósito al debate público y social. Y de nuevo los criterios sanitarios como una veleta al viento político y social vuelven a cambiar y se anuncia un cambio en la instrucción penitenciaria que se limita a una mera operación política de maquillaje. Derogan la Instrucción vigente pero introducen una nueva, la Instrucción 6/2018 que se limita a suprimir conceptos explícitos grotescos como “periodo muy corto de vida”, pero vuelve a identificar “peligro patente” con el concepto de “enfermedad terminal” manteniendo la temporalidad como principal criterio. Es importante entender que, a día de hoy, no existen en medicina herramientas pronósticas fiables que predigan fehacientemente el pronóstico temporal de los/las pacientes con enfermedades graves e incurables ni de los que tienen peligro patente para la vida (y debemos añadir que vistas las orientaciones de nuestra sociedad, donde el dinero, las ideas y las prácticas políticas están demasiado a menudo por encima de los derechos humanos, nos debemos alegrar por ello). La terminalidad o el final de vida o la enfermedad avanzada e incurable son términos MÉDICOS que se asientan sobre el cuidado. Por lo tanto, no son términos temporales, jurídicos ni penitenciarios. De hecho, a día de hoy en medicina la palabra terminal está cada vez más en desuso y se utiliza paciente con enfermedad grave avanzada y evolutiva. Además de que la ley no exige que una enfermedad sea terminal para la excarcelación y que no existen herramientas efectivas para medir los horizontes de vida con tanta exactitud; al introducir la temporalidad se excluyen muchísimas enfermedades graves incurables y con peligro patente para la vida, empezando por todas las enfermedades mentales graves, enfermedades que ocasionan mucho sufrimiento al paciente. Queremos recalcar especialmente el papel y la responsabilidad de muchos medios de comunicación por el trato mediático que han impulsado, bajo el amparo de una falsa transparencia han filtrado detalles de las enfermedades, han puesto el foco en aspectos no sanitarios y al polemizar introduciendo elementos no sanitarios ni de derecho en estos relatos, han normalizado el condicionamiento de los derechos humanos a criterios políticos, ideológicos y de otras índoles. Se han realizado comparaciones “entre enfermos recluidos” que a juicio de unos y otros deberían aplicársele o no medidas de flexibilización, sin ningún argumento sanitario contrastado, riguroso, sin contar con expertos en sanidad penitenciaria ni pericial para ahondar y aportar información veraz y criterios para una salida a este debate y polémica que actualmente parece que está tocando techo. Todo este tratamiento mediático tiene consecuencias lamentables, empaña el respeto al rigor profesional sanitario, a los cuidados médicos y a los derechos humanos, socialmente lleva a la frivolización de enfermedades graves y a reflejar valores sociales impropios de una sociedad avanzada. La transparencia nada tiene que ver con una sobreexposición pública ni con la transgresión de la intimidad, que además, desvían el foco y no son buenos instrumentos para denunciar y combatir la arbitrariedad cuando ésta se produce (si es lo que se pretende denunciar). Resulta paradójico que en plena época de la ley de protección de datos existan estos tratamientos mediáticos y sociales. Parece que la actual sociedad, estimulada con cierta manera poco deontológica de desempeñar el periodismo y que sustenta una gran parte de su entretenimiento en el conocimiento, la verbalización y el juicio de cuestiones privadas de vidas ajenas, se ha extendido más allá, llegando a empañar el respeto a cuestiones sanitarias y de derechos humanos. Sería impensable imaginar a los/las profesionales en el ámbito sanitario de nuestra salud pública decidir y polemizar sobre la idoneidad de medidas o tratamientos sanitarios y humanitarios en base a su condición jurídica, de los tipos y naturaleza del delito, en base a criterios o juicios morales, éticos o de cualquier otra índole, ni escucharles comentar públicamente, con nombre y apellidos, enfermedades y características de pacientes. De todo este atolladero solo saldremos entendiendo que la salud penitenciaria y pericial son parte fundamental de la salud pública, que no puede estar separada de ella ni ser dependiente de otras administraciones. La medicina penitenciaria y la medicina legal y forense tienen que formar parte de la Sanidad Pública. Hemos leído con mucho interés cómo la Sociedad Española de Hematología ha realizado una labor sanitaria y pericial ejerciendo de contrapeso de administraciones sanitarias no independientes para defender derechos sanitarios en el caso concreto del ex ministro enfermo y encarcelado. Para que las sociedades médicas científicas y la comunidad sanitaria no quedemos empañadas en este maremágnum de arbitrariedad, sobreexposición, juicios no sanitarios, discriminaciones, falta de independencia y descrédito profesional, nos toca demostrar que los criterios aplicables por enfermedad los defendemos por igual a todos las personas enfermas recluidas, nos toca vencer la arbitrariedad en el ámbito de la salud y la dignidad humana, nos toca comprometernos con la independencia profesional y de calidad hasta que la sanidad penitenciaria y pericial formen parte de nuestro sistema público de salud. Porque la independencia profesional y la formación en derechos humanos es la que otorga credibilidad, rigor, respeto y confianza a la población; es más difícil manipularla por los vientos ideológicos-políticos del momento; ya que gravita en su propio eje sanitario técnico objetivo y de igualdad. Es la única receta contra la desigualdad, la discriminación, la arbitrariedad o el descrédito profesional. Es la que nos convierte a los/las médicos/as en garantes de derechos humanos y no en avalistas, cómplices o colaboradores de sus vulneraciones. El Comité para la Prevención de la Tortura y los tratos o penas inhumanos o degradantes del Consejo de Europa en su informe del 2011, considera que una inadecuada asistencia sanitaria en centros penitenciarios puede conducir rápidamente a situaciones que se consideran tratos inhumanos y degradantes. En este mes de febrero que escribimos esta reflexión, el Ararteko realiza una campaña a favor de la dignidad en la enfermedad; se trata precisamente de eso, de la dignidad humana en una situación de gran vulnerabilidad como es una enfermedad grave. Quienes conocemos, convivimos y asistimos a seres humanos con enfermedades graves, avanzadas, incurables, con discapacidades, con el riesgo y el miedo a un fallecimiento precipitado, tenemos la certeza de que la reclusión en un centro penitenciario y la negación del acompañamiento libre de restricciones de sus allegados/as y de actividades que agregan dignidad humana a estos procesos vitales, así como los propios fallecimientos previsibles en prisión, han de adquirir la categoría de trato inhumano y degradante. No existen en medicina herramientas pronósticas fehacientes para determinar el pronóstico temporal, pero sí existen herramientas para elaborar protocolos, baremos y documentos de consenso para clasificar enfermedades avanzadas graves e incurables . Criterios que sean acordes con las declaraciones de DDHH, la ONU, la OMS, Consejo de Europa, reglas penitenciarias europeas etc. Estamos convencidos/as además, que en este camino nos encontraremos con quienes trabajan para construir un sistema penal, más garantista, de mayor eficacia rehabilitadora y preventiva que la actual. Desde Osabideak nos hemos encomendado el empeño de aunar a profesionales sanitarios/as y juristas para apelar a nuestras sociedades científicas, legales y organismos de derechos humanos en esta tarea, estamos inmersos/as en la tarea de protocolizar y elaborar consensos, y queremos hacer un llamamiento a las sociedades médicas, jurídicas y de derechos humanos para que nos acompañen a impulsar este camino y a los profesionales médicos y juristas a ponerse en contacto con nuestra asociación para elaborar la red que necesitamos tejer para impulsar, difundir y aportar estos cambios.

    14 de marzo de 2019

    Publicamos dede C.A.M.P.A. un artículo sobre la huelga de hambre y sed de Carmen Badía:

    El problema no son las personas, el problema son las cárceles.

    C.A.M.P.A. somos un colectivo transfeminista dedicado al apoyo a mujeres presas, pero también a la crítica del punitivismo y al cuestionamiento de aquel sistema penal y penitenciario construido en torno a políticas de precarización y destrucción de la vida. Es por ello que, cuando empezamos a tener contacto con las mujeres presas que visitamos, no preguntamos el delito, ni entramos a juzgar la causa por la que estas mujeres (y cualquier persona presa en general) han acabado dentro de prisión. La razón es simple: no creemos que la cárcel sea una medida, consecuencia o mecanismo para paliar o contrarrestar ningún acto, sea del tipo que sea. Esta perspectiva antipunitivista y abolicionista se debe a que, cuando radiografiamos un constructo como es el sistema penal y penitenciario, no encontramos ningún argumento para su justificación, sobre todo si hablamos en términos de cuidado de la vida, de dignidad, de proliferación de derechos, de apoyo mutuo, de construcción comunitaria  e incluso de restitución de daños. Y, sin embargo, sí los encontramos ―de sobra― para defender la necesidad de su desaparición si queremos un sistema social y político que juegue a nuestro favor y no nos castigue, aísle, e incluso mate. Pensamos que, igual que la prisión no ha existido siempre, puede y debe desaparecer para crear otras formas de resolver los conflictos que se proyecten a favor de la vida, y de la creación de lazos comunes que nos ayuden a subsistir, en vez de excluirnos y arrebatarnos nuestro derecho a tener una vida, como apunta Judith Butler, que merezca la pena ser vivida.

    Escribimos estas líneas, porque el pasado lunes 11 de marzo de 2019 anunciábamos que Carmen Badía Lachos, presa actualmente en el Centro Penitenciario de Zuera, iniciaba una huelga de hambre indefinida (que actualmente es también de sed) para pedir su excarcelación por enfermedad grave y por motivos humanitarios. Ya que, tras pasar 14 años en prisión (de 24 a los que está condenada) y a sus 62 años sabe que, de alguna manera, no saldrá viva de la cárcel. Si es que se puede decir que allí lo está. Sabe que su condena no son 24 años, sino que es una condena a muerte encubierta o “en diferido”, por usar una terminología que todos/as entiendan. Sin embargo, en prisión contamos con “muertes que son predecibles y que se producen en un entorno de indignidad absoluto”[1]. Y, que sepamos, en España no hay pena de muerte, al menos eso es lo que dice el artículo 15 de la Constitución Española (nada que el actual debate sobre la prisión permanente revisable no haya puesto en duda en este último año).  Pero este es uno de esos casos que refleja que los mecanismos perversos del sistema penitenciario juegan con la terminología y el Derecho para seleccionar qué vidas son el chivo expiatorio que han de alentar a la sociedad a seguir el sendero marcado por quienes sustentan el poder, solo para garantizar que lo sigan manteniendo.  En este sentido ,y llegadas a este punto, si el leitmotiv de la cárcel no es, como bien sabemos ―y esto es un hecho contrastable, no una opinión―, cambiar las cosas a mejor, remendar conductas denominadas “desviadas” y/o “peligrosas” y, en general, prevenir y atacar el Mal, sino mantener la forma del sistema capitalista en manos de quienes ganan con él (ese 1% de la población). Entonces quizá se comprenda mejor por qué nos resulta absurdo preguntar la razón por la cual alguien está en la cárcel. Resulta absurdo que casi todos los periódicos a los que hemos acudido para difundir la huelga de hambre de Carmen Badia nos hayan preguntado insistentemente como algo “que ha de saberse”, cuál es el delito por el que está condenada. Pero esa, lo sabemos, no es la cuestión. Y centrarse en ello es caer en un juego donde nos perdemos muchas cosas por el camino, ya que los motivos por los que las personas entran en prisión poco tienen que ver, en realidad, con la centralidad del delito. Cuando se hace “necesario” saber el delito por el que se le acusa para hablar de su situación (es asombroso como cualquier cosa relacionada con una persona presa pasa necesariamente por la pregunta del por qué está ahí, condicionando todo el sentido de lo que se diga en relación a ella), ello significa afirmar que hay motivos justificados y válidos por los que alguien debe entrar en prisión. Y eso va por delante de todo lo demás a la hora de tratarles. Por eso las noticias que directamente nombran en el titular el delito y no la situación ni las razones de la huelga, forman parte del mecanismo que mantiene la falsa creencia de que la cárcel sirve para algo y que sus motivos de existencia están sobradamente justificados. Estáis equivocados, el problema no somos las personas, el problema es la cárcel. 

    Volviendo al caso concreto que nos ocupa, un ejemplo de lo expuesto hasta ahora es que sabemos que Carmen Badía no ha comunicado formalmente al penal de Zuera su decisión de hacer huelga mediante lo que llaman “instancias” (peticiones por escrito) porque, si lo hubiera hecho de esta manera,siguiendo los requerimientos que exigen en prisión para validar que, en efecto, está haciendo huelga, la habrían castigado con un parte, posiblemente argumentando que es un desacato, un acto de rebeldía que no pueden permitir  Sin embargo, en uno de los periódicos que han hecho eco de la huelga se puede leer como Instituciones Penitenciarias argumenta que no les consta que Carmen esté en huelga porque no ha realizado dicha instancia formal. Este requerimiento se muerde la cola para cubrir las espaldas de Instituciones Penitenciarias. Y para que no se vea reflejado en ningún cuerpo legal,   Este dato, es algo desconocido para la gran mayoría de la población, algo que se oculta a propósito para poder servirse de él con fin de socavar los limitados intentos de resistencia en prisión. Pero es solo un ejemplo más.

    El primer día de huelga, Carmen nos hizo saber que le habían visitado la jurista, el educador,  enfermeras y que la psicóloga había solicitado verla. Esto tras casi un año de desatención médica absoluta, y siendo una de las principales quejas que hemos publicado para contar la situación de absoluto abandono médico y humano al que está sometida esta mujer. Podemos llamarlo casualidad, o podemos llamarlo manipulación.  Sin embargo, aún hay cosas más increíbles. Hoy mismo, al intentar ir a visitar a Carmen, tras hacer esperar a la persona que iba a visitar más de una hora (no hace falta decir cómo el uso de la espera en la cárcel es un recurrente método de tortura y dominación) argumentando que Carmen tardaba porque “estaba hablando por teléfono” para, tras preguntar de nuevo, decir que Carmen sabía que le estaba esperando la visita y que “debe ser que prefiere hablar por teléfono”. Cuando la visita, por fin, ha tenido lugar, Carmen ha contado que los funcionarios le han acompañado para ir a la comunicación y que, en un momento dado le han dicho, literalmente, que fuera andando al locutorio (desplazándose desde el módulo de enfermería hasta otro módulo donde están los locutorios). Esto no sería nada extraño si no fuese porque Carmen se hace servir de una silla de ruedas para desplazarse por la cárcel debido a su débil estado de salud (enferma de cáncer, del corazón y operada de un tumor en la pierna, entre otras intervenciones). Carmen se ha negado expresando que no podía ir andando. Por lo que la han tenido allí esperando durante una hora hasta que, al final, han decidido llevarla en silla de ruedas a la comunicación. Este hecho, que no es sino un maltrato institucional en toda regla no es lo más preocupante. Nosotras nos preguntamos por todo aquello que no podemos ver y que puede estar pasando allí dentro. Nos preguntamos si Carmen tendrá otra oportunidad para contarnos todas estas cosas que constituyen, en último término, la verdad de la cárcel. La verdad de este sistema de castigo, tortura, maltrato y denigración hacia las personas. Nos preguntamos qué ocurrirá con todos y todas aquellas que no tienen a nadie para poder contar lo que pasa allí dentro, pero, sobre todo, nos preguntamos cuándo va a acabar todo esto. Cuándo, como comunidad, nos daremos cuenta de la necesidad de acabar con esta institución si creemos en la posibilidad de la política (entendida en su origen griego como la manera de ejercer el poder para resolver o minimizar el choque de intereses encontrados dentro de una sociedad, en suma, como el mecanismo para organizarnos en comunidad precisamente ocupándonos de ella, no destruyéndola).

    Por eso, no, a nosotras no nos importa el delito, nos importa la responsabilidad que tenemos y el poder y el deber de resistir ante lo intolerable. Insistimos, una vez más, y pedimos la excarcelación de Carmen Badía, porque no queremos ni una muerta más, ni en las calles ni en las cárceles. Nos queremos vivas y libres.


    [1]

    Sobre este hecho y el conocido como “artículo 104” (la Instrucción 6/2018 de Instituciones Penitenciarias) en referencia a la excarcelación por enfermedad grave, es realmente esclarecedora la reflexión que hace APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía) en el siguiente artículo donde afirma que: «Un final de vida sin los cuidados ni la atención paliativa adecuada (difícilmente posible en centros penitenciarios) junto con restricciones regimentales añadidas a las que produce la propia enfermedad (soledad, sin apoyo de familiares y amistades) es cruel e indigno. La permanencia en prisión en estas circunstancias en un castigo injustificado y el cumplimiento de la pena en estas condiciones obedece única y estrictamente a fines punitivos».
    https://www.apdha.org/morir-en-la-carcel-sabiendolo-de-antemano/


    ÚLTIMAS NOTICIAS

    12 de marzo de 2019

    • Carmen Badia comunica que la huelga va a ser de hambre y sed. Comenta que el día que inició la huelga, le visitaron los juristas, la enfermera y la psicóloga pidió verla. A pesar de ello, Instituciones Penitenciarias no reconoce formalmente la huelga en los medios porque Carmen no lo ha comunicado por escrito. Ella dice que si lo hace le pondrán un parte que tendría consecuencias como la pérdida de “privilegios” como permisos, etc…

    13 de marzo de 2019

    • Al ir a comunicar con ella, la persona que fue tuvo que esperar más de una hora porque los funcionarios exigían que Carmen se desplazase sin silla de rueda hasta allí, hasta que al final le dejaron ir con ella.

    15 de marzo de 2019

    • Se comunica con Carmen Badía, comenta que nadie del personal de la cárcel le pregunta ni comenta nada acerca de la huelga. Se nota desmejoría física.

    19 de marzo de 2019

    • Carmen nos dice que se encuentra peor y no le han ido a visitar los médicos. Nos explica que seguramente va a formalizar la huelga de hambre echando una instancia para conseguir que los médicos vayan a verla. Es el noveno día de huelga. En Zuera nos dicen que “está bien y que sigue sin constarles que esté en huelga de hambre”.

    21 de marzo de 2019

    • Francisco Llopis Alfonso, el Cabrero, preso en Alicante II y que se comunica con Carmen desde que tuvo constancia de la huelga nos hace saber que desde el día 15/3/2019, se ha puesto en huelga de hambre en solidaridad con Carmen. Pronto escribirá comunicado.

    28 de marzo de 2019

    • Publicamos una segunda nota de prensa actualizando la situación de Carmen Badía y compartiendo su último comunicado.
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